El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sanción de 19.000 euros impuesta al Ayuntamiento de Vigo por infracciones relativas al control de la calidad del agua destinada al consumo humano, una situación de la que el PP ha responsabilizado al alcalde, Abel Caballero.

De este modo, la sentencia, que no es firme, ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento contra la resolución por la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Vigo redujo la cantidad de las sanciones impuestas en relación al control de la calidad del agua para el consumo humano de 21.500 a más de 19.000 euros.

El TSXG ha recordado que, desde 2011, el Ayuntamiento incumplía la normativa en materia de agua de consumo en relación al control de su calidad. Tras varios requerimientos, en 2018, se comprobó que seguía sin disponer de un laboratorio acreditado para ello. También se detectaron más de una veintena analíticas que calificaron el agua como no apta o apta con no conformidad que no se confirmaron en el plazo de 24 horas ni se comunicaron a la autoridad sanitaria.

Así las cosas, el tribunal ha resaltado que los hechos reflejados en las multas «sí que se encuentran tipificados, sin que se aprecie vulneración del principio de legalidad» y ha destacado que existen «controles analíticos que evidencian las infracciones cometidas».

Asimismo, ha explicado que, aunque el laboratorio municipal que realizaba los controles del agua «contara con un sistema interno de aseguramiento de la calidad», «no se dio cumplimiento» a la exigencia de que «estuviera acreditado» para ello hasta 2018. Además, ha recalcado que «la responsabilidad y control directo» de la calidad del agua corresponden al Ayuntamiento.

VALORACIÓN DEL PP

Mediante declaraciones remitidas a los medios, el portavoz del Grupo Municipal Popular de Vigo, Alfonso Marnotes, ha considerado «gravísimo» que el Ayuntamiento haya sido «condenado por tener agua que no es apta para el consumo y haber ocultado las analíticas» de la misma.

En esta línea, Marnotes ha señalado al alcalde como el «responsable» de esta situación. Por ello, le ha exigido «explicaciones» y que aclare si el agua de la ciudad es apta para el consumo «en toda la red».

Mientras, cuestionado sobre el contenido de la sentencia, el regidor olívico ha eludido pronunciarse tras argumentar que desconoce la resolución judicial.