Los 11 acusados por su implicación en la construcción y traslado de ‘narcolanchas’ desde Vigo y el Norte de Portugal eran «perfectamente conocedores» de que se trataba de «género prohibido», según ha declarado este lunes el agente de la Guardia Civil instructor de la investigación, que ha situado «en la cúspide» de la organización a dos hombres con domicilio en Cataluña, Ramón S.V., y Sergio R.T.

Así lo ha trasladado este testigo durante la celebración de la primera jornada de declaraciones en el juicio que se sigue por esta causa, en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

En el banquillo se sientan 11 personas (y una empresa) por, supuestamente, construir en naves de Vigo y el norte de Portugal, embarcaciones rápidas destinadas al narcotráfico, que eran posteriormente trasladadas para ultimar sus pertrechos y preparativos a diferentes puntos de España. Los investigadores siguieron la pista a casi una veintena de estas lanchas, algunas de las cuales acabaron intevenidas en operativos policiales contra el tráfico de hachís en el sur de la Península.

El instructor de las diligencias de la Guardia Civil ha declarado ante el tribunal que los procesados eran conscientes de que estaban construyendo y vendiendo embarcaciones consideradas prohibidas, y que se destinan al tráfico de estupefacientes. Prueba de ello, ha explicado, era que «sabían que no podía transportarlas cualquier camionero».

Al respecto, además de estas precauciones sobre los conductores que hacían el transporte de las lanchas, este testigo ha explicado también que la organización adoptaba medidas de seguridad para eludir la vigilancia policial y no llamar la atención, como mantener durante semanas las lanchas en dependencias de las empresas de transportes con las que colaboraban.

La investigación de esta trama se inició en enero de 2021, al tenerse conocimiento de la actividad de construcción de lanchas rápidas en una nave de Vigo. Las vigilancias confirmaron las sospechas y, posteriormente, se adoptaron medidas como el balizamiento de las embarcaciones o las intervenciones telefónicas a los implicados.

ORGANIZACIÓN

El testigo ha explicado que la trama funcionaba como una organización, en la que dos de los acusados, afincados en Cataluña, Ramón S.V., y Sergio R.T. (cuyo nombre ya se había escuchado en la sección quinta de la Audiencia, con motivo de la celebración del juicio del alijo del Karar, por los contactos de este procesado con alguno de los acusados en ese otro procedimiento), eran los que estaban al mando, daban las directrices para la construcción y transporte de las lanchas, y tenían los contactos con los destinatarios finales de las embarcaciones.

Los cabecillas, además de controlar el funcionamiento de la red, también tenían «una relación fluída» con la parte portuguesa de la trama, que aportaba instalaciones de astilleros para finalizar la construcción de las embarcaciones y, en ocasiones, motorizarlas.

En un plano intermedio, estaban otros dos acusados, Javier Marcial T.V. y Manuel L.S., que eran los que estaban físicamente en las naves donde se construían y acondicionaban las lanchas. Mientras que el resto de acusados desempeñaban funciones como transportistas, receptores de las lanchas, gestores de las naves, etc.

POLÉMICA POR EL BALIZAMIENTO

En la jornada de este lunes, los abogados defensores han insistido en cuestionar la medida de balizamiento de las supuestas ‘narcolanchas’, ya que entienden que la Guardia Civil solicitó autorización para colocar aparatos de seguimiento en unas embarcaciones rápidas, cuando realmente solo eran «cascos» de lanchas que «no estaban motorizadas» y no tenían ni flotadores ni nada que pudiera hacer pensar que eran un género ilícito.

Cuestionado sobre estas dudas, el instructor de la investigación policial ha reiterado que la concepción de una embarcación como «género prohibido» abarca «cualquier estadio de su fabricación».

Así, ha señalado que las lanchas investigadas cumplían los requisitos para ser consideradas ilegales, por su eslora, por la disposición del potro central (para colocar asientos en línea) o por el espacio del espejo de popa, preparado para la instalación de varios motores fueraborda. «El uso de ese tipo de embarcaciones, con esta estructura, no es otro que el tráfico de drogas», ha proclamado.

Este testigo ha reconocido que, sin ese balizamiento, habría sido «imposible» seguir los desplazamientos de las embarcaciones sospechosas y desarrollar la investigación policial.

DELITOS Y PENAS

La Fiscalía considera que los 11 acusados (más una empresa de transportes de O Porriño) formaban una estructura «empresarial, personal y material» que, al menos entre septiembre de 2020 y junio de 2022, se dedicaba a construir lanchas semirrígidas de alta velocidad, constitutivas de género prohibido, que iban a ser destinadas a operaciones de narcotráfico.

Así, les atribuye delitos de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido, cometidos por medios de personas, entidades y organizaciones. Además, a uno de los encausados lo acusa también de tenencia ilícita de armas y de delito contra la salud pública, ya que en el registro de su domicilio se le intervinieron casi 300 gramos de hachís y, en su despacho de la empresa de transportes, una pistola detonadora semiautomática.

En el marco de esta investigación se tuvo conocimiento de la construcción de al menos 19 ‘narcolanchas’, algunas de las cuales se probó que habían participado en alijos de hachís en el sur de la Península.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para los acusados penas que van desde los 2 a los 9 años de prisión, y el pago de multas que suman en total más de 80 millones de euros. Para la empresa acusada pide multa de 14 millones de euros y dos años de prohibición de obtener ayudas o subvenciones públicas, o para beneficiarse de incentivos fiscales; además de un año y tres meses de suspensión de las actividades de importación, exportación o comercio de embarcaciones neumáticas y semirrígidas.