La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha asegurado que la Xunta acudirá a la vía judicial si el Gobierno central no aporta el expediente abierto por la Comisión Europea en relación con la gestión de la AP-9.

Así lo ha señalado este jueves en una rueda de prensa, donde ha afirmado que el rescate de la autopista del Atlántico es «la mejor opción» y debe producirse «lo antes posible».

«A la vista del dictamen de la UE entendemos que lo mejor para el interés público de Galicia es el rescate y que sea lo antes posible, porque con la habitual falta de transparencia del Gobierno central vemos como siguen sin tomar la decisión», ha apuntado la titular de Infraestruturas.

La conselleira ha apuntado que exigirá al Gobierno central el expediente que tramita la Unión Europea desde «hace años» y del que la Xunta, a pesar de que Galicia es parte implicada, «no sabe absolutamente nada». Además, si la Xunta no obtiene una respuesta, acudirá a la vía judicial por «inactividad» de la Administración central.

También ha avanzado que contactará con las comunidades de autónomas de Castilla y León y Asturias para «coordinar la mejor forma de actuar» para «conseguir» la liberación del peaje de la AP-9 –en Galicia– y de la AP-66.

Así las cosas, la conselleira ha recordado que «hace un año» envió al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, un estudio realizado por la Administración autonómica sobre el coste y transferencia de la autopista del Atlántico.

«Entonces solicité hasta en cinco ocasiones una reunión con el ministro Óscar Puente, tanto por carta como personalmente cuando acudió el ministro a Galicia como consecuencia de la inauguración de un tramo de la A-54», ha afirmado.

A renglón seguido, ha lamentando que «no hubo respuesta»: «el ministro debe pensar que no merece la pena una reunión con Galicia para hablar de una infraestructura tan importante como es la AP-9 por la que circulan de media 26.000 vehículos al día y, en algunos de sus tramos, más de 60.000 vehículos al día».

GESTIÓN «CLARAMENTE PERJUDICIAL» PARA LOS GALLEGOS

En este sentido, la conselleira ha afirmado que «no entienden» por qué el Gobierno central «no procede» al rescate de esta concesión y ha apuntado que la Xunta actualizó el informe sobre la estimación del coste del rescate, que ahora, según ha detallado, asciende a 2.356 millones de euros.

También ha recordado que el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad, en febrero, pedir la gratuidad de los peajes y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, volvió a reclamar en agosto el «inmediato rescate» de la vía ya que «aplazar la medida tendrá consecuencias más gravosas».

El informe de la Axencia Galega de Infraestruturas, ha continuado Allegue, constata la «evolución desorbitada» de las tarifas para los usuarios y el «enriquecimiento progresivo» de la concesionaria.

«De acuerdo con las cifras publicadas por la propia Audasa, las políticas de Gobierno central tenían producido un fuerte incremento de los ingresos por peaje. En tan solo cuatro años, los beneficios de la concesión aumentaron en un 40%», ha esgrimido Allegue.

La Xunta ha denunciado que la gestión de la AP-9 por parte del Estado en la últimos años fue «claramente perjudicial» para los gallegos y para el «interés general de Galicia».

Asimismo, la conselleira ha criticado que, mientras en otras partes del territorio nacional «se revierten estas situaciones», en Galicia «se niega tan siguiera el debate de la proposición de ley orgánica en el Congreso que fue aplazada en 41 ocasiones esta legislatura».

ULTIMÁTUM DADO POR BRUSELAS

Todo ello después de conocerse que este miércoles el Gobierno respondiese ‘in extremis’ al ultimátum dado por Bruselas por la prórroga de la concesión de la AP-9, ya que la Comisión Europea considera que vulneró las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública.

Esto después de que en julio la Comisión Europea enviase un ultimátum al Ejecutivo central para que enmiende las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66 y AP-9 y que, a ojos de Bruselas, vulneran las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública y de concesión de autopistas. Un asunto que, de no resolverse en el plazo de dos meses (que expira este miércoles), los servicios comunitarios podrán elevar al TJUE.