La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Enegía (AEGE) y la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) han reclamado al Gobierno «una reforma estructural de los costes eléctricos», con la eliminación de cargas fiscales, la revisión de los costes regulados y la aceleración de la electrificación como palanca de competitividad y sostenibilidad, en el paquete de medidas que anunciará este viernes para hacer frente a la crisis por Oriente Próximo, con el objetivo de «reforzar la competitividad industrial frente a la crisis del gas».

En el actual contexto marcado por el impacto del encarecimiento del gas, la patronal de los consumidores electrointensivos y de las grandes eléctricas, de la que forman parte Endesa, Iberdrola y EDP España, ven necesario «establecer medidas de carácter estructural y no meramente coyuntural, con el objetivo de garantizar la competitividad industrial, fomentar la electrificación y asegurar la autonomía energética».

Así, piden la eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7%, «de forma que se reduzca la presión sobre los costes energéticos de la industria y se mejore la competitividad de los sectores intensivos en energía, mejorando a su vez la competitividad del mercado por los beneficios que aporta la abundancia de recursos renovables».

Además, abogan por revisar las partidas de la factura eléctrica que no estén directamente vinculadas al suministro, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea a los Estados miembros, «con el objetivo de reforzar la competitividad de la industria y favorecer la electrificación de la economía».

También exigen la revisión de la operación reforzada con la que funciona el sistema eléctrico desde el apagón del 28 de abril de 2025, ya que estiman que su coste «se ha incrementado notablemente y está directamente expuesto al aumento del precio del gas», así como de los costes de los mercados de operación del sistema eléctrico.

AEGE y Aelec consideran que su revisión generaría importantes ahorros a la industria, aliviando de forma directa los costes de producción industrial y liberando capacidad para un uso más eficiente de las renovables.

Igualmente, ven necesario recuperar la exención del 80% de los peajes a la industria electrointensiva, a compensar por Presupuestos Generales del Estado (PGE), y la maximización de la compensación de emisiones de CO2 para los consumidores industriales expuestos al riesgo de fuga de carbono, «evitando la brecha existente en los costes de producción con los países del entorno y fomentando además la transición hacia modelos energéticos más sostenibles a través de la electrificación industrial».

Ambas organizaciones defienden que el aumento de la electrificación que producirían estas medidas «podría dar lugar a un incremento de recaudación» y que su aplicación efectiva «permitirá mitigar el impacto que está teniendo esta crisis en la competitividad industrial en un contexto de volatilidad internacional, promover la electrificación como palanca de autonomía y sostenibilidad económica, y reducir la exposición de la industria a factores externos como la evolución del precio del gas».