El Gobierno gallego ha decidido en su reunión semanal dar el primer paso formal encaminado a lograr los medios humanos y técnicos necesarios para aplicar cuanto antes la ley del litoral, tras el aval del Tribunal Constitucional. Así, ha acordado solicitar al Gobierno central la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para negociar.

Lo ha explicado el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien también ha destacado que la Xunta está recibiendo «muchas peticiones de información» de otras comunidades con costa para hacer «una normativa similar» que les permita también «ejercer estas competencias».

«La sentencia del TC es clara. Por tanto, ahora es una cuestión de voluntad política y esperemos que el proceso sea rápido y que no haya ningún problema para el acuerdo», ha manifestado el jefe del Ejecutivo gallego, que, preguntado acerca de qué otras competencias aspira a conseguir la Xunta, ha puesto el foco en la AP-9.

A este respecto, ha reafirmado que el objetivo de su Ejecutivo es insistir en la transferencia de la AP-9 (que habría que tramitar por la vía legislativa y a través del Congreso, donde decayó en la última convocatoria electoral la iniciativa que había partido de la Cámara autonómica).

También ha manifestado –y así se lo prevé trasladar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando lo reciba– que es «necesario» que transfiera a las comunidades «más capacidad de gestión en los fondos Next Generation». «Estamos hablando de cientos de millones, de miles de millones, que a día de hoy siguen sin movilizarse por parte del Gobierno central», ha aseverado.

A su modo de ver, conseguir una mayor capacidad de gestión sobre estos fondos sería «muy útil». «A partir de ahí, iríamos a por más», ha zanjado.