El Parlamento gallego ha instado a la Xunta, a través de una proposición no de ley presentada por los populares y que ha contado con el apoyo del BNG, a exigir al Gobierno central dotación presupuestaria para los ayuntamientos ante la obligación de hacer un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto.
«Y establecer un calendario para la retirada de los residuos», expone el texto defendido por la parlamentaria popular María Dolores Hermelo, quien ha asegurado que la legislación a este respecto «tiene que venir acompañada de fondos».
También ha argumentado que la Xunta dispone de ayudas, tras las críticas de la oposición a este respecto. «Tiene que haber cofinanciación», ha insistido al considerar que «no es acertado obligar a los ayuntamientos» a elaborar este censo sin aportación económica.
Por su parte, la diputada socialista Paloma Castro ha tildado de «surrealista» la iniciativa «teniendo en cuenta la postura del PP con la ley de residuos estatal». «Ahora el PP le dice a los ayuntamientos que cumplan la ley», ha dicho ante la postura del gobierno autonómico sobre la anterior, ha recalcado.
«En Galicia no hay un plan de retirada para el amianto», ha aseverado. Por su parte, Paulo Ríos, del BNG, ha respaldado la necesidad de retirada del amianto y ha pedido no hacer «política partidista» con este asunto. Como los socialistas, ha considerado que «queda mucho por hacer» en esta materia.
