Las comunidades autónomas que quieran hacer un cierre de colegios parcial o generalizado deberán «hablarlo» con el Gobierno central y el resto de autonomías para que exista «un conocimiento de la situación», aunque será el Ejecutivo regional quien tenga la última palabra en la decisión.

Según ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes, las comunidades han respaldado en esta reunión las medidas acordadas en la última sectorial de educación, celebrada el pasado 27 de agosto, con el objetivo de unificar criterios para la ‘vuelta al cole’.

Además de esto, se decidido que en el caso de que una autonomía tome la una decisión «drástica» de cierre de centros educativos, ya sea de manera parcial o generalizada, sería propicio «hablarlo» o «comentarlo» entre «todos», ya que, según indica el ministro, esta medida «repercutiría en otros territorios» y también es necesario que el conjunto del Sistema Nacional de Salud tenga «conocimiento» de la medida.

CLIMA DE ENTENDIMIENTO

Aún así, señala Illa, es el Gobierno regional el que toma «la decisión» porque «la competencia» tanto en materia educativa como de salud pública la tienen las comunidades autónomas.

Sobre el ambiente de la reunión en este punto, el responsable de Sanidad ha indicado que «nadie ha dicho» que esta decisión de compartir la medida «no fuera pertinente». Al contrario, ha apuntado, ha habido «comentarios explícitos de apoyo» y un «clima de necesidad de coordinarse» en esta materia.

Illa ha defendido que cada territorio ponga en marcha las medidas en simetría a la gravedad que presente la pandemia en cada territorio, pero ha indicado que hay medidas, como el cierre, que hay que, «al menos, valorarla conjuntamente antes de tomarlas» porque «trasciende» a las propias comunidades autónomas y a sus sitemas de salud.

POTESTAD DE LAS CC.AA SEGÚN EL PROTOCOLO

Illa precisó la semana pasada que son las comunidades autónomas las que tienen la potestad de cerrar colegios en caso de «transmisión generalizada y sostenida», que sería la «medida más extrema».

En este sentido, señaló que son las comunidades autónomas las que tienen competencias tanto en Sanidad y Salud Pública como en Educación, aunque el ministerio puede apoyar si hay casos que requieren un análisis un poco más profundo. «Pero quien tiene la potestad de decretar esto son las CC.AA», ha señalado.

El documento sobre detección de casos y brotes en la escuela debatido en la última Conferencia Sectorial de Sanidad y Educación considera que el cierre de centros educativos debe ser el «último recurso» en caso de brotes en las instalaciones y propone que en caso de brotes con transmisión no controlada, con un número mayor de lo esperado en un territorio específico, sean los servicios de salud pública de las comunidades autónomas las que realicen una evaluación de riesgo para considerar el cierre temporal del centro educativo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había pedido a los presidentes autonómicos que no cierren centros escolares en caso de brotes detectados sin previa consulta con el Ministerio de Sanidad, ya que en caso contrario podría extenderse el virus en vez de aplacarlo.