El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el tercer tramo de avales para empresas por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe total de 24.500 millones de euros.

Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Montero ha explicado que las entidades bancarias no podrán cargar ningún coste financiero sobre importes no dispuestos por el cliente, dando respuesta así a las quejas de algunas empresas que denunciaban ciertas cuestiones. «Vamos sujetando las líneas a vigilancia y reforzando algunas cuestiones», ha precisado.

El nuevo acuerdo de Consejo de Ministros refuerza igualmente la obligación de las compañías beneficiarias de los avales de emplear la financiación obtenida para hacer frente a las necesidades de liquidez como gestión de facturas, pago de nóminas o proveedores, necesidad de circulante o vencimientos de obligaciones financieras y tributarias, no pudiendo emplearla para el reparto de dividendos.

Este tercer tramo de la línea ICO está destinado a la concesión de créditos y el 50% del importe total irá a parar a financiación de pymes y autónomos, mientras que el 50% restante será para las empresas.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya adelantó este sábado que se activaría una tercera línea de avales públicos con el fin de garantizar la liquidez al tejido productivo ante la emergencia de la crisis del coronavirus, y que estaría reservada en su mayoría a pymes y a autónomos.

La financiación destinada a la cobertura de préstamos otorgados a autónomos y empresas mantiene las mismas características y el mismo procedimiento de tramitación de los tramos iniciales. De los 20.000 millones activados, se reservan 10.000 millones para garantizar préstamos de autónomos y pymes y los otros 10.000 millones para avalar préstamos del resto de empresas, de mayor tamaño.

Una vez se habilite el tramo, se habrá consumido ya más del 60% de los 100.000 millones de euros del programa de ayuda de financiación a las empresas. Esta línea está gestionada por el ICO, en colaboración con las entidades financieras, las cuales asumen el coste del aval, que se sitúa en un rango de entre 20 y 120 puntos básicos.

El único requisito para acceder a esta garantía es que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.

Por parte de la banca, el sector deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en los acuerdos y en el contrato marco con el ICO. De lo contrario, los incumplimientos materiales de sus obligaciones se considerarán infracción de disciplina.

MÁS DE 36.000 MILLONES INYECTADOS

Hasta el momento, se han avalado 269.843 operaciones lo que ha implicado unas garantías públicas de 27.500 millones de euros y una inyección de 36.190 millones de euros al sector.

Del total de operaciones, el 98% corresponde a nuevos préstamos y renovaciones de autónomos y pymes, con 264.862 operaciones avaladas, por importe de 18.998 millones de euros. Estos avales han permitido que fluya financiación por más de 23.773 millones de euros.

Asimismo, se han garantizado 4.981 operaciones de grandes empresas, por importe de 8.511 millones de euros, que les han permitido obtener financiación por más 12.400 millones.

4.500 MILLONES PARA EL MARF Y CERSA

De igual forma, el Gobierno ha habilitado una línea de 4.000 millones de euros para los créditos canalizados por el sistema de financiación basado en pagarés del mercado alternativo de renta fija (MARF), que será gestionada en colaboración con Bolsas y Mercados Españoles (BME).

El importe máximo del aval será del 70% del principal de cada una de las emisiones y el plazo máximo de 24 meses. El coste será de 30 puntos básicos para avales con vencimiento de hasta 12 meses y de 60 puntos básicos para avales con vencimiento entre 13 y 24 meses.

Estos 4.000 millones de euros se enmarcan en la extensión de las líneas de avales ICO al MARF anunciada recientemente, con la que se pretende fomentar el mantenimiento de la financiación que se produce en los mercados de capitales al que habitualmente recurren las empresas españolas y que quedó prácticamente suspendido por la situación de emergencia sanitaria.

Montero ha subrayado que unas de las condiciones necesarias para acceder a los avales del ICO en el MARF es que las empresas tengan sede social en España, con el fin de evitar que puedan acogerse compañías con domicilio en paraísos fiscales o que se puedan utilizar los fondos para repartir dividendos.

Los 500 millones de euros restantes de esta partida de 24.500 millones de euros de avales están vinculados a las sociedades de garantía recíproca por parte de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa).

En este caso, el aval máximo será del 80% y por un plazo de hasta cinco años, si bien podrá variar en cada operación para complementar el aval que también concede el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) a Cersa, sin que ambas garantías puedan superar conjuntamente el 90%.