La Xunta, en su papel de autoridad laboral en Galicia, considera que el ERE de Alcoa en la planta de San Cibrao debe ser declarado nulo porque está «probada la mala fe» de la empresa.

Asimismo, el Ministerio de Industria sostiene que la compañía «nunca» quiso vender, sino «aparentar» que negociaba para que el despido colectivo no sea tumbado, ya que tiene un plan «desde el principio» que pasa por dejar la fábrica solo con un 15% de producción, el límite para poder tener ayudas de compensación de CO2.

Xunta y Ministerio de Industria se han personado en la causa que se juzga este jueves en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) –con sede en A Coruña– para adherirse a la demanda de los representantes de los trabajadores contra la ejecución de este despido colectivo de más de medio millar de empleados en la Mariña lucense.

En su toma de la palabra, el letrado que representa al Gobierno gallego ha expuesto la mala fe de la empresa en cuestiones como que «no se ha realizado el perceptivo periodo de consultas», puesto lo que se llevó a cabo no se hizo con el fin de «evitar despidos» o buscar vías alternativas para minorizar el impacto.

También reprocha el Ejecutivo autonómico que no se ha entregado documentación a trabajadores, así como otras cuestiones del tipo que «no se concreta la efectividad» de los despidos, lo que «no es compatible con la buena fe», unido a la falta de un plan de recolocación consensuado.

Después de que Alcoa haya intentado justificar una voluntad de negociación por la «duración» de las consultas –de 120 días–, la Xunta ha contrapuesto que no fue hasta el «penúltimo día» del periodo en el cual la empresa se abrió a un ERTE en vez de un ERE, y ello después de ser advertida en numerosas ocasiones por la autoridad laboral. Por tal motivo, observa un «inmovilismo» en la actitud de la compañía.

Otro de los ejemplos sobre la falta de voluntad negociadora de la multinacional estadounidense es su intención de parar las cubas, a pesar de que eso pudiese «frustrar» la venta.

«APARENTAR» UNA NEGOCIACIÓN, PARTE DEL PLAN

Por su parte, el letrado del Ministerio de Industria ha reprobado cómo Alcoa ha intentado «aparentar» que participaba en un proceso de venta para que no se echase abajo el ERE en el marco de un plan que tenía previsto «desde el principio».

Así, ha relatado que en octubre de 2019 se toma una decisión en Pittsburgh (Estados Unidos), sede central de Alcoa, que significa una reducción de la producción mundial de aluminio primario y se elige en qué plantas aplicar. En mayo de 2020, la factoría de San Cibrao «resulta competitiva» y en la memoria técnica no se establece una comparativa respecto al precio con otras plantas.

Según el Ministerio, «tiene razón» Alcoa cuando habla de que «no pretende» el cierre de la planta de la fábrica de aluminio, puesto que «cerrar y desmantelar» una factoría «es carísimo» por costes ambientales como limpiar los suelos contaminados.

Esta da lugar a que los negocios de compraventa de estas plantas de aluminio sean «muy peculiares», ya que es «habitual» que se transfieran por un euro simbólico y la vendedora sea la que aporta dinero debido a los riesgos existentes por el elevado coste en caso de cierre.

Por tal motivo, el letrado en representación del Gobierno asevera que la estrategia de Alcoa pasa por un «cierre parcial con una finalidad muy específica» de que «no sean despedidos más del 85%» de los trabajadores. En ese escenario, se cuenta con el 15% de la producción necesario para mantener la subvenciones de CO2, pues si no se alcanza ese límite esas ayudas «deberán ser reintegradas y las futuras no se podrán obtener».

Y para que el plan «cuele» es necesario «aparentar que se ha hecho todo lo posible» para negociar, lo que pasa por decir que «se ha tenido buena fe».

De hecho, Industria avisa de que este pleito «es el momento que está esperando» Alcoa «desde octubre de 2019» porque le ofrece la posibilidad de completar su plan si se le da razón, ya que «en realidad Alcoa nunca quiso negociar una venta y dejar de despedir a los trabajadores».

En esta argumentación, ha recordado que Alcoa es un grupo mundial que «puede jugar perfectamente con los costes» y remarca que en su informe técnico «no hay ni una sola referencia» de cuánto cuesta un trabajador de Alcoa San Cibrao en comparación con uno islandés, por ejemplo.

Además, esgrime que en la memoria técnica por la que justificó las ventas de sus antiguas plantas de A Coruña y Avilés se apuntaba en octubre de 2018 que la fábrica de A Mariña lucense es «perfectamente productiva».

LO DICHO POR ALCOA «NO SE ACERCA POR ASOMO A LA REALIDAD»

Junto a esto, ha dado cuenta de diferentes vaivenes de Alcoa en el proceso fallido de venta a Liberty House, dado que «rechazó en todo momento» cualquier tipo de mediación, mientras el 24 de septiembre –al final del proceso– aseguraba que esa venta solo la negociaría con el Estado.

Ha narrado que Liberty House, a pesar de que en un inicio quería también hacerse con la planta de alúmina, posteriormente se abrió a la operación sin ese extremo. La SEPI se puso a disposición para hacer una adquisición e inmediatamente transferirla a Liberty, pero Alcoa no accedió.

También recuerda que Alcoa siempre se negó a celebrar una reunión conjunta a tres bandas con Liberty y Gobierno.

Por todo ello, considera que lo expuesto por Alcoa para defender que no actuó de mala fe «no se acerca por asomo a dicha realidad». Y es que la empresa «no da ningún paso adelante» para facilitar la venta. En concreto, al final del proceso «da un paso» para atrás al decir que solo está dispuesta a asumir unos 70 millones de dólares, inferior a la cantidades ofrecidas anteriormente.