La Audiencia Provincial de Lugo acogerá el próximo lunes una vista en la que está previsto formalizar un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular, la defensa y el acusado por la muerte de un hombre de 39 años en Rábade.

El pacto contempla una pena de 11 años de prisión para el procesado, que reconoce los hechos y acepta su responsabilidad por un delito de homicidio.

Según el escrito de calificación conjunto presentado por las partes, los hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 2023. El acusado, nacido en Portugal en 1966, y la víctima se encontraron en el bar Morsa de Rábade, desde donde salieron juntos para comprar una botella de whisky en el establecimiento Mercacontrol.

Posteriormente, ambos se trasladaron a una nave abandonada de los antiguos Laboratorios Nupel, situada en la segunda fase del polígono industrial de la localidad, que el procesado utilizaba como domicilio.

En un momento no determinado de esa jornada, el acusado, que se encontraba bajo los efectos del alcohol y tenía afectadas sus capacidades intelectivas y volitivas, golpeó repetidamente a la víctima con un hacha en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Las lesiones provocaron un traumatismo craneal de extrema gravedad que causó la muerte del hombre. El informe recoge también diversas fracturas y heridas en las manos y la muñeca derechas, compatibles con lesiones de defensa.

Tras comprobar que la víctima había fallecido, el acusado trasladó el cuerpo hasta una alcantarilla situada en el exterior de la nave. El cadáver fue localizado nueve días después.

Por estos hechos, el procesado ingresó en prisión provisional el 11 de enero de 2024, una medida que fue prorrogada mediante un auto judicial de diciembre de 2025.

El escrito considera los hechos constitutivos de un delito de homicidio, pero aprecia como circunstancia atenuante la embriaguez. Por ello, las partes solicitan una condena de 11 años de prisión, con la correspondiente inhabilitación absoluta durante el tiempo de la pena y el pago de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el acuerdo establece una indemnización de 80.000 euros para la hija del fallecido, que tenía 14 años cuando murió su padre.

Además, el acusado deberá compensar con 4.695,11 euros a la madre adoptiva de la víctima, que asumió los gastos del entierro, y con otros 2.402,39 euros a su madre biológica, que sufragó distintos gastos funerarios y relacionados con el nicho.