Abogados de víctimas de los accidentes ferroviarios de Angrois y Adamuz han recomendado a los afectados por el siniestro ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo) que documenten bien las lesiones, es decir, que guarden todos los informes médicos y gastos en los que hayan incurrido, que no firmen nada de forma precipitada antes de asesorarse legalmente y que se personen pronto por la vía penal.

El abogado de la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en Angrois (Santiago de Compostela), Manuel Alonso Ferrezuelo, ha recomendado a los afectados del siniestro ferroviario de Urda que «recopilen todos los informes médicos» y justificantes de «gastos en los que estén incurriendo como consecuencia del accidente».

Asimismo, ha precisado que es fundamental centrarse en «el ámbito penal» para determinar quiénes son los «responsables» de la tragedia y ha aconsejado a los afectados personarse pronto con un abogado y un procurador para que el juez pueda tomar declaraciones y practicar las diligencias oportunas.

El abogado también ha desaconsejado firmar cualquier documento sin el adecuado asesoramiento letrado y ha alertado a las víctimas sobre la posible proliferación de ofrecimientos de abogados tras el accidente, pidiendo cautela ante posibles intereses económicos o suplantaciones.

Al mismo tiempo, ha aconsejado formar una plataforma como la que se creó tras el accidente de Angrois no solo para buscar las responsabilidades sino también para que los afectados puedan compartir apoyo anímico y humano.

Igualmente, ha descartado que este tipo de sucesos obedezcan a un fallo humano individual y ha abogado por ser «concienzudos» para llevar ante la justicia a «todos los responsables» de la catástrofe.

Por su parte, el abogado Miguel Bianquetti, que asistió a más de una treintena de afectados por el accidente ferroviario ocurrido de Adamuz (Córdoba), ha recomendado a las víctimas de Urda que no firmen «nada precipitado» y ha advertido de que en los primeros días «las aseguradoras contactan con las víctimas y les presentan propuestas de liquidación que suelen quedarse muy por debajo de lo que les corresponde».

En concreto, ha señalado que se deben guardar los informes de urgencias, los ingresos hospitalarios, los partes de baja y cualquier factura relacionada con las lesiones. También recomienda conservar el billete o cualquier justificante de que la persona viajaba en ese tren, como el email de la reserva, una captura de pantalla o el cargo bancario.

En caso de fallecimiento, ha puntualizado que los familiares deben reunir además el certificado de defunción y el libro de familia y, si convivían con la víctima, también el certificado de empadronamiento.

En cuanto a las indemnizaciones, ha detallado que existen tres vías, compatibles entre sí, siendo la «más importante» la «indemnización por responsabilidad civil». «Es la que repara de forma íntegra el daño sufrido (lesiones, secuelas, daño moral, pérdida de ingresos, gastos médicos) y la de mayor cuantía», ha concretado. A ella se suman, según ha dicho, una ayuda pública extraordinaria y el Seguro Obligatorio de Viajeros.

Al mismo tiempo, ha señalado que conviene que el cálculo de la indemnización lo realice un especialista «antes de aceptar ninguna cifra» pues se trata de «un cálculo complejo» en el que entran en juego muchos factores como el tiempo de curación, las secuelas, la edad o la pérdida de ingresos. En Adamuz, según ha indicado, por tratarse de un siniestro catastrófico, la indemnización resultante se incrementó «en un 50%». El abogado prevé que se seguirá el mismo criterio en Urda.

Igualmente, ha remarcado que las secuelas psicológicas se indemnizan «de forma independiente» y ha avisado de que se reconoce un derecho propio a cada familiar perjudicado: el cónyuge o la pareja de hecho, cada uno de los hijos, cada uno de los padres y cada uno de los hermanos, así como los abuelos y los nietos en determinados casos, o personas que convivían con la víctima y mantenían con ella una relación estrecha, aunque no sean familia directa.

En cuanto a las posibles ayudas públicas, el abogado prevé que el Gobierno apruebe una ayuda directa como en Adamuz y, sobre el Seguro Obligatorio de Viajeros, ha explicado que cubre a todos los pasajeros sin necesidad de demostrar culpa y que sus cuantías están tasadas en «72.121,46 euros por fallecimiento» y «entre 2.404,04 y 84.141,70 euros por lesiones», según su gravedad.