El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del martes dos anteproyectos de ley orgánica que supondrán una reforma de la estructura del sistema judicial estatal, con el objetivo de que este servicio gane en «eficiencia» y en «protección y defensa» de los derechos de la ciudadanía.

Uno de los principales cambios será que todos los juzgados de primera instancia –órganos unipersonales, cada uno regentado por un solo juez– pasen a ser tribunales de instancia –órganos colegiados–, uno por cada partido judicial, y que contarán con una única oficina judicial bajo la dirección de un letrado.

Para Galicia, esto implicará que los 275 juzgados de primera instancia pasarán a ser 45 tribunales, pero sin que ello conlleve una reducción del número de jueces destinados a la Comunidad.

Además, otra modificación de calado que plantea el Gobierno será suprimir los juzgados de paz, que operan en todos los municipios en los que no hay juzgados (268), e implantar unas «oficinas de justicia» en cada uno de estos ayuntamientos.

El Gobierno explica que las oficinas «seguirán cumpliendo su función social como punto de contacto con la ciudadanía», pero que incorporarán novedades como poder realizar actos y trámites de forma telemática.

En palabras del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el anteproyecto de reforma aprobado el martes por el Gobierno «supone un paso decisivo para la modernización del servicio público de justicia», al pasarse «de una estructura del siglo XIX a otra que se adapta a lo que se necesita en el siglo XXI».

Se trata de un anteproyecto de ley orgánica que iba a ser aprobado inicialmente en el año 2022 y que tiene que estar implantada antes del 31 de diciembre de 2024, como un compromiso que adquirió España ante Bruselas para poder recibir fondos europeos.

LA XUNTA RECLAMA «FINANCIACIÓN»

La Xunta de Galicia votó en contra de estos cambios en una conferencia sectorial celebrada a finales del 2022 porque, según explica a Europa Press el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, «toda reestructuración de órganos judiciales necesita ir acompañado de financiación» para poder «poner medios tecnológicos, reestructurar infraestructuras y plantillas».

Aunque ve «imposible» por ahora poder cuantificar el coste que esto supondrá a las arcas autonómicas –la organización de personal público y los edificios judiciales, entre otros asuntos, son competencia de la Xunta–, sí estima que habrá que crear «puestos específicos de funcionarios que habrá que retribuir» y se incrementarán «los medios técnicos».

Asimismo, Tronchoni reprocha que estos anteproyectos se vayan a aprobar «sin un acuerdo» con los sindicatos ni con los agentes que participan en la justicia. «Quedaba mucho por hacer», asevera, aunque todavía confía en poder introducir mejoras al texto durante su tramitación.

NO PONE «OBJECIÓN» A SUPRIMIR LOS DE PAZ

En cuanto a los juzgados de paz, el director xeral no pone «objeción» a que desaparezcan porque ya contaban con competencias muy «residuales» tras las reformas introducidas en los últimos años. Los de paz no son jueces como tal, porque no pertenecen a la carrera judicial y los eligen los plenos municipales, pero realizan una «labor encomiable» en Galicia, una comunidad con una población tan dispersa.

Tronchoni valora que, aunque se cambien por 268 oficinas judiciales, se «vaya a mantener» el número, porque la Xunta «no está dispuesto a suprimir ninguno». Aunque «una de las dudas» que suscitará la nueva ley serán los trámites que se podrán realizar tras esta reconfiguración.

«Desde Galicia no ponemos objeción a que desaparezcan los jueces de paz, siempre y cuando las oficinas tengan los medios tecnológicos, funciones y personal idóneo», subraya el director xeral de Xustiza.