El fin del estado de alarma el próximo domingo 9 de mayo obligará a la Xunta a tener que acudir al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para obtener un aval judicial en el caso de aquellas restricciones que afecten a derechos fundamentales de los ciudadanos. Y, entre otras cuestiones, el alto tribunal gallego tendrá que pronunciarse por primera vez sobre mantener el toque de queda.

Y es que, según ha anunciado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que se ha mostrado «optimista» y confía en mantener el respaldo judicial sin tener que ir a la vía del Tribunal Supremo (TS) habilitada por el Gobierno, aunque Galicia dirá adiós al cierre perimetral y al toque de queda en términos generales, pretende que los ayuntamientos con un nivel de riesgo extremo sigan cerrados y también con toque de queda.

Por el momento, la Xunta se dirigirá al TSXG para permitir mantener estas medidas en cinco municipios gallegos que superan los 500 casos de incidencia acumulada a 14 días y que se encuentran en nivel máximo de riesgo: Cambados, Vilanova de Arousa, Cualedro, Laza y Padrón.

La decisión sobre estos cinco ayuntamientos sentará un precedente al que ha aludido Feijóo, quien ha destacado que la pretensión de la Xunta es aplicar este criterio siempre que lo requieran las circunstancias epidemiológicas.

Del mismo modo, el Ejecutivo autonómico también tendrá que pedir aval judicial para dar otros pasos, como limitar las reuniones de no convivientes desde la una hasta las seis de la mañana.

AVAL DEL TSXG EN CASOS PREVIOS

Eso sí, el «optimismo» de Feijóo se sustenta en que, aunque será la primera vez que se pronuncie sobre el toque de queda específicamente, desde que empezó la pandemia y a diferencia de lo que sucedió en otras autonomías, el TSXG no ha rechazado ninguna de las medidas propuestas por el Gobierno gallego.

Así, a principios de julio respaldó el cierre de la comarca de A Mariña fuera del estado de alarma –lo que supuso limitaciones en pleno periodo electoral de las autonómicas–, siendo Galicia la primera comunidad en adoptar una medida de este tipo.

Tras ser pionera en ‘salirse’ del estado de alarma –el 15 de junio–, la Xunta siguió adoptando cierres, con limitaciones de reuniones entre personas y en la hostelería, en varios puntos, como ocurrió a principios de octubre en la comarca de Ourense, días antes de que el 25 de ese mes el Gobierno central decretase el nuevo estado de alarma que se ha prolongado hasta el 9 de mayo.

Los tribunales gallegos decidieron para estos casos que las medidas eran «idóneas para la prevención y protección de la salud de la población a la que van destinadas; necesarias, dada la constatación de una situación de peligro actual y real para la salud de los ciudadanos; y proporcionadas, ponderando los diferentes intereses en conflicto».

«VOLVEMOS A DISCREPAR, PERO NOS ADAPTAREMOS»

En todo caso, en la misma jornada en la que el Supremo ha manifestado tener dudas respecto a la vía que plantea el Gobierno que dirige Pedro Sánchez, el presidente gallego ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo central, que ha recurrido parte de la reforma de la ley autonómica de salud, al que acusa de «desentenderse» de la pandemia y abocar a las autonomías a su «judicialización».

Así, ha lamentado que, tras el tiempo transcurrido, dé la impresión de que «todo lo vivido y lo sufrido» no se traduce en una mejor gestión de la pandemia, y se vuelva «a la casilla de salida sin más». «Volvemos a discrepar profundamente y no compartimos hoja de ruta», ha remarcado, pero ha añadido que, aún así, «Galicia volverá a aceptarlo y a adaptarse».

«Lo haremos porque sé que para los ciudadanos lo importante no es los instrumentos jurídicos o cómo podmeos tomar decisiones, sino cómo gestionemos la pandemia, que los protejamos de los riesgos sanitarios», ha defendido, antes de concluir que, pese a todo, «la situación legal supone muchas incertezas».