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Suben las consultas a servicios de apoyo a víctimas de violencia de género pese al descenso de las denuncias

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Las consultas aumentaron en la mayor parte de los servicios de apoyo a víctimas de violencia de género disponibles en Galicia en 2020 pese al descenso registrado del número de denuncias y órdenes de protección, que la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, ha considerado «precipitado» vincular a la situación derivada de la pandemia.

Durante la presentación del balance de atención a víctimas de violencia machista de 2020, la conselleira ha resaltado el «amplio abanico de servicios» disponibles para estas mujeres en la comunidad, que incluyen ayuda psicológica gratuita, asesoramiento jurídico, programas para la contratación, centros de acogida e indemnizaciones directas.

En concreto, Galicia sumó 1.131 órdenes de protección por violencia género en vigor frente a las 1.539 de 2019, aunque las consultas al número de atención a la mujer subieron un 14% en el último año. Así, el número de teléfono de información de la comunidad conveniado con el 016 recibió más de 3.330 llamadas en el último año de las que el 75% procedía de las provincias de A Coruña y Pontevedra y que, principalmente, fueron realizadas por mujeres de nacionalidad española.

Asimismo, el programa de asesoramiento jurídico ‘online’ recibió 47 consultas en 2020, lo que representó un aumento del 4% en su actividad. Además, las solicitudes de atención realizadas en los 82 centros de información a la mujer de Galicia alcanzaron las 13.000, lo que supone un incremento de 3.000 en relación al año anterior. Mientras, las llamadas al teléfono de atención y protección móvil para víctimas de violencia de género (Atenpro) bajaron de 630 a 617.

AUMENTO DE AYUDAS

La conselleira de Emprego e Igualdade también ha puesto en valor que las ayudas se elevasen un 30% hasta alcanzar a casi un millar de víctimas de violencia de género y ha avanzado que las actuaciones en este ámbito se intensificarán durante 2021, cuando se destinarán 30 millones de euros a este fin.

De este modo, un total de 639 personas recibieron subvenciones mensuales de entre 200 y 800 euros, casi un 11% más que el año anterior, y se concedieron pagos únicos equivalentes a dos años de subsidio de desempleo para apoyar la búsqueda de trabajo para 341 con dificultades de inserción laboral.

Adicionalmente, otras 11 mujeres recibieron ayudas que garantizan la percepción de indemnizaciones que les corresponden por sentencia y cinco ayudas más compensaron heridas de mujeres e hijos por agresiones y a estos últimos en el caso de haber quedado huérfanos por violencia machista.

Lorenzana ha remarcado que se concedieron 11 certificaciones acreditativas que dan acceso preferente a programas para mejorar el acceso al mercado laboral y ha precisado que la convocatoria 2019-2020 del programa de inserción laboral desarrollado mediante entidades sin ánimo de lucro atendió a 328. Asimismo, la Xunta fomentó la contratación de 90 mujeres en entidades locales de 49 municipios.

INFLUENCIA DE LA PANDEMIA

Tras ser preguntada por los medios, Lorenzana ha considerado «precipitado» vincular a la situación derivada de la pandemia la caída de un 7,3% en las denuncias por violencia machista en 2020, que sumaron más de 4.653 frente a las 5.023 del año anterior.

En este sentido, ha apuntado que los datos del último año son prácticamente iguales» a los 2019, así como que los recursos disponibles para las mujeres se «intensificaron» durante la crisis sanitaria. Así, ha confiado en que las cifras «reflejen la situación real de las víctimas» y ha descartado que se pueda concluir que las denuncias se redujesen debido a la pandemia, aunque ha indicado que se podrá realizar una evaluación tras su finalización.

A este respecto, la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, ha insistido en que la evolución de los datos relativos a violencia de género ha presentado «fluctuaciones» en la serie histórica y ha incidido en el aumento de recursos disponibles para las mujeres que la han sufrido, así como que la actividad judicial no fue suspendida en esta área al ser declarada servicio esencial.

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