La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha anunciado que el personal de la institución regresará al modelo de teletrabajo ante el avance de los contagios de la covid-19 en esta tercera ola y ha solicitado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) un cribado para el personal y los menores del Centro Príncipe Felipe.

De este modo, la institución provincial pretende reducir la presencia física en los puestos de trabajo susceptibles de poder ser desempeñados mediante trabajo en remoto y, en aquellos que tengan que prestar su servicio presencialmente, se impulsarán las «máximas garantías» para garantizar la seguridad de las personas.

Además la celebración de los plenos, comisiones informativas y juntas de gobierno también tendrán lugar desde ahora de forma telemática. La intención, según ha indicado la presidenta, Carmela Silva, es volver a analizar la situación en febrero para ver si se regresa la la modalidad presencial o si se sigue en remoto.

«Llevábamos ya dos días reflexionando sobre esta cuestión y ayer mismo el vicepresidente y yo tomamos la decisión, que también hemos comunicado al portavoz del PP, Jorge Cubela, que mostró su apoyo», ha explicado Carmela Silva, que ha señalado que también se informó a los sindicatos y se remitió una comunicación a todo el personal.

En cuanto al Centro Príncipe Felipe, que desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo tiene activa la comisión de seguimiento de la covid que se reúne periódicamente, se están perfilando nuevas medidas ante la situación de la tercera ola, como la ampliación del máximo tiempo posible de la cuarentena (pasando de los diez días pautados a los catorce) o las restricciones en las salidas, de tal manera que en las próximas dos semanas los menores queden en Príncipe Felipe.

La presidenta ha apuntado que, en cuanto a los menores del Centro de Día, se trasladó ya a Política Social la necesidad de impulsar nuevos procedimientos para regular las salidas y entradas en el recinto. También se le trasladará a la Xunta la posibilidad de dar prioridad a los centros de menores en la próxima programación de la vacunación, por tratarse de población vulnerable.