El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el archivo de la investigación de los supuestos servicios ofrecidos por la empresa del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo a la constructora San José al no poder acreditarse que las gestiones llegaran a realizarse y abonarse.
El auto con fecha del pasado 14 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 afirma que de las diligencias practicadas no se ha podido corroborar la «perpetración de delitos que dieron lugar a la formación» de la pieza separada número 16 del caso ‘Tándem’, que se abrió el 19 de septiembre de 2019.
Así, señala que no existen indicios de la comisión del delito de cohecho, ya que no consta ni que se llegara a consumar los ofrecimientos por parte de Villarejo y su socio Rafael Redondo para espiar a un grupo de medios de comunicación gallegos que informaba negativamente sobre la constructora, ni que ésta abonara tales servicios.
MEJORAR LA IMAGEN REPUTACIONAL DE LA CONSTRUCTORA
En esta pieza se ha analizado el denominado ‘proyecto Bird’ que tiene su origen en las gestiones realizadas en septiembre de 2009 entre el Grupo Cenyt, controlado por el comisario jubilado y Redondo, y el investigado José Antonio Carpintero, director de Prevención, Seguridad y Patrimonio del Grupo San José para mejorar la imagen reputacional de la constructora gallega.
Según explica el auto, después de que un Comité de Dirección analizara el tratamiento mediático estaba recibiendo el Grupo San José, «se intentó buscar alguna empresa a la que pudiera encargarse la ejecución de las medidas necesarias para lograr esa mejora en la imagen pública de la empresa».
Dentro de esa búsqueda, Carpintero encontró una tarjeta de visita del Cenyt, que no recuerda cuándo ni cómo consiguió, y por ello decidió entablar conversaciones con la empresa de Villarejo, explicó en su declaración como investigado ante el juez.
Tras estas conversaciones, Villarejo realizó un informe preliminar en el que estableció los objetivos a desarrollar en dos fases, así como las denominadas ‘Notas Bird’, que recogían información sobre grupo de medios de comunicación gallegos al que había que espiar. Esta documentación se incautó en el registro del domicilio de Redondo y permitió la apertura de la pieza 16 del caso ‘Tándem’.
A todos estos documentos hay que sumar también un estudio económico a modo presupuesto de los servicios encargados, cuyo coste era alrededor de 1.000.000 euros y con una duración de entre seis meses y un año.
NO CONSTA PAGO ALGUNO
El juez instructor afirma que no consta que Carpintero «realizase ningún ofrecimiento o promesa para tratar de corromper» a Villarejo en su función pública de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía.
«De hecho, ni siquiera consta que se hiciera pago alguno en el curso de la conversación que mantuvieron previa a un eventual encargo», añade.
Asimismo, destaca que ni de la documentación recogida en el domicilio de Rafael Redondo Rodríguez, ni de las actuaciones practicadas en sede de instrucción, se puede inferir que Grupo San José aceptara el ofrecimiento realizado por Villarejo y su socio, «ni que abonara importe alguno por las gestiones realizadas o en el curso de las conversaciones o negociaciones mantenidas».
Por ello, considera que debe acordar el archivo de la pieza separada -decisión contra la que cabe recurso- porque además tampoco ha quedado acreditado que «se llegara a ejecutar o consumar actuaciones de hostigamiento o boicot» al director del grupo mediático.
