La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado los recursos presentados por Enrique A.P. y Álvaro C.C., ambos investigados en una pieza separada de la llamada Operación Patos, por supuestos sobornos mediante la contratación de prostitutas.

Durante la instrucción judicial de este caso, se estableció la existencia de indicios de que Enrique A.P., gerente de la constructora Eiriña, contrató y pagó servicios de prostitución para agasajar a Álvaro C.C., alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo, a cambio de obtener beneficios en procesos de licitación.

Las defensas de ambos presentaron una serie de cuestiones previas a la apertura de juicio, que fueron rechazadas por la Audiencia Provincial de Pontevedra y, contra esa resolución, presentaron recursos de apelación ante el TSXG.

Entre los argumentos esgrimidos, los recurrentes señalaban que se había hecho una «imputación genérica» y una investigación «prospectiva», lo que atentaba contra los derechos de defensa. Asimismo, reclamaban la nulidad de las escuchas telefónicas.

En su auto, contra el que no cabe recurso, el TSXG determina que la resolución del tribunal provincial detalla «de manera ejemplar» que, dentro de una investigación sobre la supuesta emisión de facturas irregulares, una persona declaró que un empresario «tenía la función de conseguir concursos municipales, con el consiguiente pago de cantidades de dinero a políticos locales y provinciales».

Por tanto, ha señalado el alto tribunal gallego, no se trata de una imputación genérica, sino por «hechos concretos», y las diligencias tienen por objeto determinar «si el investigado y su empresa pagaban sobornos a funcionarios públicos a cambio de la irregular adjudicación de obras». Asimismo, los magistrados han apuntado que no hay «indicio alguno de que se haya realizado una investigación general o prospectiva».

Con respecto a la intervención de las líneas telefónicas, han determinado rechazar la petición de anular esas escuchas y han recordado que esta cuestión ya fue «resuelta» tanto por el juzgado de instrucción como por la propia Audiencia Provincial.

ACUSACIÓN

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al menos en junio de 2013 y en febrero de 2014, el funcionario vigués, Álvaro C.C. mantuvo relaciones sexuales con prostitutas, que habían sido contratadas y pagadas por Enrique A.P.

El administrador de la constructora, apunta la Fiscalía, efectuó esas «invitaciones» al funcionario en atención al cargo que desempeñaba en el Ayuntamiento. De hecho, durante la fase de instrucción de la conocida como Operación Patos (en la que se llegó a investigar a medio centenar de empresarios, políticos y técnicos), el Ministerio Fiscal relacionó esos servicios de prostitución pagados al funcionario vigués con el hecho de que A.C.C. intervenía en la valoración de gran parte de las obras a las que concurría la constructora Eiriña.

Por estos hechos, que serán juzgados por un tribunal de jurado, la Fiscalía pide para el funcionario la pena de un año de prisión e inhabilitación para empleo y cargo público durante 3 años; mientras que para el administrador de la constructora solicita 9 meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión o industria relacionada con la construcción o con la contratación pública.