La portavoz nacional, Ana Pontón, ha anunciado que su formación registrará este mismo mes de abril en el Parlamento una proposición de ley para «blindar la función social de la vivienda» y poner tope al número de las que se destinan a uso turístico.

Así lo ha avanzado en la apertura de la jornada ‘A vivenda en Galiza. Retos e solucións’ organizada por el Bloque para analizar las propuestas y alternativas a desarrollar en ete ámbito de actuación y en la que han participado especialistas en la materia como la director general de Vivienda de Nafarroa, Elga Molina, los profesores de la USC, Andrés Quintiá y María José Piñeira, o la abogada y asesora de Agrelar Consultora, Mariola Pazos.

Pontón ha explicado que, entre las medidas que contempla su propuesta legislativa, el BNG incluye el establecimiento de un tope al número de viviendas de uso turístico (VUT) que puede haber en Galicia, un límite que, además, tiene que tener en cuenta el impacto por zonas.

De igual modo, apostará por blindar la exigencia de licencia previa para las VUT, una licencia que tendría una duración de cinco años prorrogables, medida que Pontón también ha considerado importante, dado que, según ha dicho, la Xunta tiene en su registro «muchísimas viviendas ilegales que no cumplen con la normativa». «Creemos que hay que acabar con ese coladero y que esas viviendas de uso turístico tengan que cumplir la ley para poder salir al mercado», ha profundizado.

La proposición no de ley nacionalista incluye también la elaboración de un mapa que examine como está la distribución de las VUT en el país, un análisis de quién es la persona física o jurídica propietaria de estas viviendas y la gestión que se hace de las mismas y del impacto que tienen las concentraciones de VUT en el derecho a una vivienda habitual.

«Se trata de que el Gobierno utilice la capacidad legislativa que tiene para garantizar el derecho a una vivienda, en este caso regulando la VUT, que sabemos que es una cuestión que, en este momento, está incidiendo en muchas áreas a la hora de reducir el número de viviendas que hay destinadas al alquiler», ha argumentado para defender la necesidad de «impulsar medidas legislativas valientes y de calado» que protejan el derecho a la vivienda.

En este sentido, la líder nacionalista ha defendido blindar por ley que la Xunta tenga que establecer zonas en las que se regulen los precios del alquiler, de forma que tengan capacidad para contener los incrementos tan importantes que se están produciendo en este momento.

Pontón ha abogado por garantizar por ley la protección permanente de toda la vivienda protegida, ya que, según ha indicado, hay VP que no se están haciendo en suelo público, pero que recibe recursos públicos y que, conforme ha advertido, «en 15 años puede estar vendiéndose a precios imposibles en el mercado libre». «Esta vivienda también tiene que tener protección permanente, toda la vivienda protegida tiene que tener protección permanente», ha incidido.

Por último, ha avanzado también el impulso de un paquete de cambios normativos para promover las cooperativas de vivienda en cesión de uso y el derecho de superficie.

VIVIENDAS VACÍAS

Además del ámbito legislativo, la segunda cuestión sobre la que la organización nacionalista considera necesario intervenir es en la movilización de vivienda vacía en régimen de alquiler a través de la combinación de distintos instrumentos que incentiven que una parte de esas viviendas, especialistas en las zonas de mayor demanda, pueda salir al mercado a precios accesibles.

Una movilización de vivienda vacía que, según ha indicado, tendría un impacto muy importante teniendo en cuenta, además, que Galicia es la segunda comunidad de todo el Estado que más vivienda vacía tiene y que solo en las grandes ciudades hay «90.000 en esta situación».

La tercera y última línea de actuación apuntada por el BNG tiene por objetivo multiplicar el parque de vivienda pública mediante la construcción de vivienda nueva, pero también mediante la compra y rehabilitación de una parte de la que ya está construida, empezando por comprar toda la vivienda protegida que se pone a la venta.

En esta línea, la portavoz nacional ha censuradio que en los últimos años se vendieron en el país 7.000 viviendas protegidas sin que la Xunta comprase la primera –pese a que tenía posibilidad de compra preferente– y ha indicado que en los próximos cinco años caducará la cualificaión permanente de vivienda protegida para otras 14.000. «Reclamamos que la Xunta compre todas esas viviendas para destinarlas a alquiler a precios asequibles que la gente de este país pueda pagar», ha resumido.

En segundo lugar, ha reiterado la necesidad de poner en marcha un programa de compra de vivienda ya construida para destinarla al alquiler social y asequible. «Estamos hablando de que se puedan comprar en los próximos cinco años 4.000 viviendas, hay fondos extraordinarios para hacerlo y lo único que falta es la voluntad de la Xunta para que esta sea una prioridad», ha afirmado.

Pontón ha defendido las propuestas del BNG ante un Gobierno del PP «incapaz» de ofrecer respuesta al problema de la vivienda, que «se está convirtiendo en un factor de exclusión social y de desigualdad».