La magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo Ana Ferrer ha rechazado acordar la nulidad de la causa penal que instruye por delito contra la seguridad vial contra el senador del PP José Manuel Baltar, que el político ourensano solicitó basándose en que ya fue multado en vía administrativa por los mismos hechos –con 600 euros y pérdida de 6 puntos del carné de conducir, y que pagó voluntariamente–.

En un auto con fecha del 31 de enero de 2024, la instructora, de acuerdo con la Fiscalía, desestima su petición y recuerda que la doctrina tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal de Justicia de la UE reconoce a los Estados la facultad de optar legítimamente por respuestas jurídicas complementarias a determinados comportamientos socialmente inaceptables –por ejemplo, el incumplimiento de las normas de tráfico, el impago de impuestos o la evasión fiscal– mediante distintos procedimientos que formen un conjunto coherente para tratar los distintos aspectos del problema social en cuestión. Toda vez que esas respuestas jurídicas combinadas no representen una carga excesiva para la persona afectada, añade.

Así, se basa en un principio de proporcionalidad, ya que como marca el Tribunal Constitucional y la propia jurisprudencia del Supremo, en aquellos supuestos de identidad de sujeto, hechos y fundamento en los que la tramitación previa del procedimiento administrativo haya concluido en una sanción firme y ejecutada, se ha procedido a descontar de la sanción penal que se imponga la impuesta y ejecutada en el previo procedimiento administrativo. Apunta que con ello se evitan todos los efectos negativos anudados a la previa resolución sancionadora.

En todo caso, la instructora señala que será el tribunal sentenciador, en el caso de que llegara a alcanzarse la fase de enjuiciamiento, a quien competa ponderar el extremo debatido y su incidencia en la eventual penalidad.

INFORMACIÓN SOBRE RADARES DE LA GUARDIA CIVIL

En el mismo auto, la instructora accede a la petición de la defensa, como diligencias de investigación, de librar oficios a la Dirección General de la Guardia Civil para que informe sobre las especificidades de determinados modelos de radar, sobre dónde se encontraba situado el radar que detectó el vehículo que conducía Baltar el 23 de abril de 2023 en la autopista A-52, y sobre el funcionamiento de los aparatos que imprimen las multas.

Sin embargo, la juez rechaza, de acuerdo con la Fiscalía, la práctica anticipada de la prueba testifical propuesta por la defensa, por considerarla innecesaria en este momento a los fines de la instrucción dados los datos consignados en el atestado y la documental incorporada al mismo, sin perjuicio de lo que en su caso pueda resultar de las diligencias acordadas.

Por último, sobre la petición que realiza la Fiscalía en su informe para que la instructora eleve suplicatorio al Senado para proceder penalmente contra el senador, deja la solicitud pendiente de resolver.

CAUSA

Los hechos se remontan al 23 de abril de 2023, domingo, cuando Baltar fue interceptado, según el informe definitivo de la Guardia Civil de Tráfico, a 215 kilómetros por hora en la A-52, a su paso por Asturianos, al volante de un coche de la Diputación de Ourense. Tres meses después, en julio, fue elegido senador por designación autonómica a propuesta del PP.

Había transcurrido apenas un mes desde su renuncia a seguir al frente de la Diputación provincial. Después de no lograr la mayoría absoluta en la corporación provincial en las elecciones del 28 de mayo, buscó con este paso –y en diálogo con el PP autonómico– facilitar que su partido pudiese conservarla, según afirmó él mismo en su día.

La renuncia de Baltar permitió un cambio de ciclo en la institución provincial y en el PP en Ourense, después de más de tres décadas ligadas a su apellido –primero de la mano de su padre, José Luis Baltar, y después bajo su mandato–. Ahora preside la institución provincial Luis Menor, de la órbita de confianza de la dirección gallega del partido.

El Supremo abrió la causa el pasado noviembre de 2023, después de que la Sala de lo Penal recibiera el testimonio de juicio rápido y las diligencias urgentes remitidos por los juzgados de Zamora y Puebla de Sanabria, incoadas en virtud de atestado de la Guardia Civil por la comisión de un supuesto delito contra la seguridad vial.

Una vez confirmado que Baltar es senador en la actual legislatura, el tribunal solicitó informe a la Fiscalía, la cual interesó que se declarase la competencia de la Sala Segunda, así como que se cursara el suplicatorio.

El 19 de diciembre de 2023, Baltar negó ante el Supremo haber conducido a 215 kilómetros por hora en la A-52 la noche del 23 de abril, ya que sostuvo no haber superado los 200 kilómetros por hora.