El Parlamento gallego ha rechazado una proposición no de ley del BNG que pedía reforzar el papel de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) en la normalización lingüística y potenciar el uso del gallego en la formación del personal de la Administración.
La iniciativa ha contado con los votos favorables del BNG y el PSdeG, pero no con los del PPdeG.
La propuesta reclamaba rediseñar los cursos de actualización técnica para que se impartan en gallego, salvo casos excepcionales, y reforzar la función normalizadora de la EGAP.
El debate también ha abordado la falta de plazas para atender la demanda de formación en lengua gallega y las condiciones laborales de las personas que imparten estos cursos.
BNG DENUNCIA LA «PRECARIEDAD» DEL PERSONAL FORMADOR
La diputada nacionalista Iria Taibo ha criticado que la oferta de formación en gallego de la EGAP no responda a las necesidades del personal público. Según los datos que ha citado, en 2024 se ofertaron 900 plazas y se recibieron unas 5.000 solicitudes, por lo que ha rechazado que el problema sea la falta de demanda. También ha cuestionado la dificultad para encontrar información sobre dónde estudiar gallego en Galicia y ha reclamado una revisión del sistema formativo.
Taibo ha denunciado asimismo la situación laboral de los docentes que imparten cursos de gallego y de lenguaje administrativo y especializado, algunos de los cuales llevan décadas trabajando para la Administración en condiciones que ha calificado de precarias.
Ha recordado que la relación laboral de este personal llegó a los tribunales y que, según ha explicado, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia reconoció su existencia. También ha criticado que parte de los profesionales trabaje media jornada durante siete meses al año pese a la demanda de cursos.
La nacionalista ha considerado contradictorio que la Xunta anuncie medidas de impulso al gallego mientras, a su juicio, mantiene una oferta formativa «insuficiente» y no garantiza condiciones laborales estables a quienes imparten los cursos.
En este sentido, ha reclamado explicaciones sobre las carencias detectadas en el sistema y ha puesto en duda que el Gobierno gallego esté dotando de medios suficientes a la normalización lingüística.
PSdeG PIDE PLANIFICACIÓN Y ESTABILIDAD LABORAL
La diputada socialista Silvia Longueira ha respaldado la propuesta y ha denunciado que la EGAP no está dando respuesta a la demanda de formación en gallego, criticando además la falta de transparencia sobre las peticiones y la actividad de la escuela.
Longueira ha señalado que el servicio depende de la Secretaría Xeral da Lingua y ha reclamado una planificación con personal, presupuesto, materiales actualizados y condiciones laborales adecuadas. Ha advertido de que los docentes soportan una carga de trabajo elevada y recurren habitualmente a horas complementarias, en lugar de contar con jornadas completas y una contratación estable durante todo el año.
La socialista ha añadido que, a 30 de junio de 2026, solo se había ejecutado el 35% del presupuesto de política lingüística, según los datos que ha citado, y ha considerado que las deficiencias responden más a problemas de organización administrativa que a la falta de recursos económicos. A su juicio, garantizar esta formación es necesario para que el personal público pueda atender a la ciudadanía en gallego y cumplir sus obligaciones lingüísticas.
PPdeG DEFIENDE EL AUMENTO DE LA OFERTA
El diputado popular José Manuel Casares ha defendido las medidas impulsadas por la Xunta y ha rechazado apoyar la iniciativa del BNG al considerar que ya existen actuaciones en marcha. Ha destacado que la formación en lenguaje administrativo y jurídico contempla 50 ediciones, 1.250 plazas y 3.750 horas, lo que supone un incremento del 25% respecto a 2025 y del 264,5% respecto a 2024.
Casares también ha señalado que se están desarrollando un centenar de cursos de lengua y cultura gallegas dirigidos a unos 1.500 alumnos, con la previsión de alcanzar los 2.000 en 2027.
Además, ha reivindicado el Plan xeral de normalización lingüística aprobado recientemente en la Cámara, que incluye 92 medidas para fomentar el uso del idioma en distintos ámbitos de la Administración.
El popular ha indicado que existe un proceso de negociación colectiva que podría permitir avances en las ratios, las horas de trabajo y los cursos impartidos. Ha defendido que la Xunta está reforzando la formación y ha reprochado al BNG que se haya desmarcado del acuerdo sobre normalización lingüística, argumento con el que ha justificado el rechazo a la proposición.
BNG INSISTE EN MEDIDAS CONCRETAS
En su cierre, Taibo ha insistido en que el PP no ha explicado por qué rechaza medidas específicas para reforzar el papel normalizador de la EGAP y garantizar que la formación técnica pueda impartirse en gallego. Ha defendido que la libertad para elegir lengua requiere que existan oportunidades reales de aprendizaje y conocimiento del idioma.
La diputada nacionalista también ha reclamado que la negociación laboral anunciada por los populares permita resolver la precariedad de quienes imparten los cursos.
Ha reiterado que la Administración gallega debe ofrecer información accesible sobre la formación disponible y dotar de medios al personal docente para garantizar tanto el aprendizaje del gallego como su uso efectivo en los servicios públicos.

