El gobierno de la Diputación de Lugo ha avanzado que interpondrá ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número dos de la ciudad que anula el voto telemático de una diputada del BNG en un pleno de mayo de 2022 y anula los acuerdos adoptados.
En un comunicado remitido a los medios después de que el PP diese a conocer este jueves la decisión judicial, la institución provincial señala que la sentencia no es firme e interpondrá un recurso de apelación por seguridad jurídica ya que en una sesión plenaria celebrada tres meses antes, el 28 de diciembre de 2021, el diputado del PP Óscar Poy Franco también solicitó y asistió de forma telemática a un pleno, sin que los populares ni ningún otro miembro de la corporación «cuestionase ni denunciase la legalidad de su voto».
En este sentido, el gobierno provincial acusa al PP de Lugo de «aplicar una doble vara de medir fruto de su contrastado sectarismo». «Mientras que en el caso de su partido le valió el voto telemático, en el caso de la diputada que pertenece a otra fuerza política fue al juzgado pidiendo la impugnación de tres acuerdos del pleno», censuran.
Asimismo, recuerda que el PP «no impugnó la posibilidad del voto telemático de la diputada ni al inicio de la sesión del pleno ni durante el transcurso del mismo». «Por lo tanto, el portavoz del PP aceptó la celebración de la sesión plenaria con el voto telemático, pero cando perdió las votaciones, decidió impugnarlas», sostiene.
Por ello, el gobierno provincial sostiene que la credibilidad del PP «brilla por su ausencia». «Actúa pensando solo en sus intereses partidistas y electorales, nunca pensando en los vecinos y vecinas de la provincia», critica el bipartito, que acusa al PP de «utilizar las instituciones a su antojo y conveniencia, tratando de deslegitimar a quien está en el Gobierno cuando no es de su partido».
Además, en el supuesto de confirmarse el dictamen judicial y que el voto telemático fuese anulado, asegura que este «no fue decisivo en los puntos 10 y 11 recurridos por el PP, pues se daría un empate en número de votos –11 del gobierno sin el presidente ni la diputada Mónica Freire- y 11 de la oposición toda vez que un diputado del PP se ausentó a partir del punto 8–. Un empate que sería resuelto por el voto de calidad de la presidencia.
También apunta que la jurisprudencia no establece «en absoluto» que sean nulos o anulables aquellos acuerdos de órganos colegiados en los que el voto de uno de sus miembros no se tenga en cuenta por cualquier tipo de irregularidad cuando el mismo no es decisivo para la formación de la voluntad del órgano, que, conforme señala, es precisamente lo que ocurre en el presente supuesto. Por ello, sostiene que «la anulación del voto telemático no tendría ningún efecto real, ni práctico».
«Si es que aún le queda algo de dignidad, el PP debe rectificar las mentiras que profiere al asegurar que los jueces resolvieron una vez más a favor del PP en sus reclamaciones», manifiesta el gobierno provincial, que sostiene que «no hubo más veces en los que el PP ganase algo en los tribunales».
Además, el bipartito le ha recomendado a los populares que «no tiren ya los fuegos de artificio», «no vaya a ser que se les atragante la alegría» como, según apunta, «les ocurrió con la sentencia sobre la compra de la acción de Tragsa». «Se cansaron de prodigar una supuesta victoria, pero la decisión de la Diputación fue avalada por el TSXG», indica.
