La junta de gobierno local de Pontevedra ha aprobado la presentación de un «incidente de nulidad de actuaciones» tras la sentencia del Tribunal Supremo que avalaba la validadez de la prórroga de la concesión de la fábrica de Ence en Lourizán. La portavoz municipal, Anabel Gulías, ha afirmado que ese dictamen «genera indefensión» para el Ayuntamiento, argumentando que «había más motivos» que la reclamación contra la ubicación de la fábrica.

Tras la valoración de esa sentencia –que el gobierno municipal considera «injusta»– por parte de los servicios jurídicos del Consistorio, esta será «la primera de las acciones» que impulsará el Concello «por tierra, mar y aire para devolver a la ciudadanía el espacio que le pertenece», ha justificado Gulías parafraseando las palabras del propio alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo que estimaba el recurso de casación presentado por la empresa.

«Cuando la Audiencia Nacional estima nuestro recurso, no valora todos los motivos que esgrimimos, solo uno», ha explicado la portavoz municipal, en alusión al artículo 32 de la Ley de Costas, en cuanto a que las instalaciones de Ence «por su naturaleza podían tener otra situación fuera del dominio público marítimo-terrestre».

En este sentido, la reclamación del Concello de Pontevedra implica dirigirse al Tribunal Supremo para «paralizar» lo que ha estimado en su dictamen «y volver de nuevo a la Audiencia Nacional –que había avalado la salida de la pastera de su actual ubicación– para que se juzguen los motivos esgrimidos» en la totalidad del recurso presentado por el Gobierno local.

Así, entre los argumentos que, según Anabel Gulías, no se han tenido en cuenta, figura la «vulneración de la legislación ambiental autonómica» en materia del Plan de Ordenación do Litoral y las Directrices de Ordenación do Territorio. Tampoco se habrían valorado las circunstancias sobre la concesión de la prórroga por parte de un Gobierno en funciones, en 2016, sin «garantías acordes con la importancia de someter la ría a todos esos años de condena».

Además, el Ayuntamiento de Pontevedra reclamaba la aplicación de la directiva de servicios de la Unión Europea, en tanto sería necesario que la concesión de los terrenos fuese por «concurrencia competitiva, no a dedo», y la «caducidad expresa de la prórroga de 2018».

«No hay un solo motivo para que Ence se marche de la ría, hay muchos», ha insistido Anabel Gulías, recordando la situación de sequía del pasado verano para rechazar una sentencia que «no por conocida resulta menos dolorosa».