El portavoz de Economía e Industria del BNG, Brais Ruanova, ha tachado de «insuficientes» los 157 millones de euros que la Xunta prevé destinar al plan de ayudas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo.

De este modo, los ha contrapuesto a los 900 millones de euros que el Gobierno gallego quiere movilizar para la industria militar a partir de una inversión de 183 millones recogida en la Iniciativa Estratéxica en Seguridade, Defensa e Aeroespazo 2025-2030, según detalla la formación nacionalista.

«Va a destinar casi seis veces más a la industria de la guerra que lo que dice que va a destinar en este paquete para protegernos de los efectos de la guerra», ha censurado Ruanova en un audio remitido a los medios, en el que ha calificado de «broma de mal gusto» la dotación presupuestaria destinada a protección social.

El diputado autonómico considera «especialmente dramática» la cuantía que el Ejecutivo del PP contempla en el plan para ayudar a las familias y a las clases sociales más vulnerables, 6,2 millones de euros, que ha comparado con los 105 que destina a protección social el Gobierno de Euskadi.

A su modo de ver, este aporte adquiere «mayor gravedad» al equipararlo con los 5 millones de euros que la Xunta pretende inyectar en la promoción turística de Galicia como «destino de tranquilidad» a través de ese paquete de ayudas por la guerra.

También ha encontrado «escasa» la cuantía destinada al apoyo a las empresas, 62 millones, y a los sectores del mar y el campo, para los que el Gobierno de Alfonso Rueda recoge 45 millones de euros. En su análisis, Ruanova ha contrapuesto el plan gallego en su conjunto a los aprobados, por ejemplo, en Euskadi (1.047 millones) y Cataluña (400 millones).

«ESCUDO SOCIAL» DEL BNG

«Le exigimos a la Xunta que rectifique y cambie de rumbo», ha reclamado el diputado nacionalista, que ha emplazado al Gobierno gallego a «copiar» las propuestas del plan elaborado por el BNG para afrontar las consecuencias de la guerra y que propone movilizar un mínimo de 700 millones de euros.

Este plan incluye, entre otras medidas, la puesta en marcha de un «escudo social» para «proteger a las personas» con la duplicación del complemento autonómico para las pensiones no contributivas y un bono social de transporte de 30 euros al mes, por ejemplo.

La formación nacionalista también propone «proteger a las empresas» con líneas de ayuda y subvenciones directas a fondo perdido, sobre todo para los sectores más afectados, y colaborar con los ayuntamientos para garantizar la prestación de servicios básicos.