El BNG ha cuestionado este miércoles la necesidad de un convenio como el firmado por la Xunta con el Consello da Avogacía Galega para asesorar a personas afectadas por la ‘okupación’ de sus viviendas, ya que es un problema «anecdótico» en Galicia y hay otras situaciones que «deberían preocupar» al gobierno gallego.

Así lo ha trasladado el diputado nacionalista Iago Tabarés, en una pregunta formulada al director xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, en el Parlamento de Galicia.

Según ha señalado el parlamentario del BNG, los datos de viviendas ocupadas en los últimos años «no justifican» la firma de ese convenio y el uso de dinero público para asesorar sobre un problema «que no existe» en Galicia. «Resulta asombrosa la campaña del PP y de la Xunta de alarma social sobre la ‘okupación’ (…), es una alarma importada que mejora las cuentas de resultados de las empresas de seguridad», ha denunciado.

Al respecto, ha señalado que, frente a 94 juicios por problemas de ocupación de viviendas en 2020, existen otras situaciones con cifras más alarmantes que, sin embargo, no han merecido la intervención de la administración, como el número de desahucios (1.150 en 2020), el de personas declaradas en quiebra (301) o los casos de aplicación indebida de cláusulas bancarias abusivas (3.469).

Asimismo, Tabarés ha subrayado que la propia Xunta ha reconocido la necesidad de reforzar los juzgados para atender a los problemas de ‘okupación’ de viviendas y «no han hecho nada».

«PROBLEMA CRECIENTE»

Por su parte, Heriberto García ha señalado que no hay datos públicos claros sobre el fenómeno de la ‘okupación’, ya que el Ministerio del Interior no los traslada de forma habitual. No obstante, ha indicado que sí se puede concluir un incremento de un 30 por ciento en el número de denuncias durante el pasado año en Galicia, por lo que es «un problema creciente».

Según ha indicado el director del IGVS, responsables autonómicos mantuvieron contacto en septiembre del año pasado con entidades vecinales de toda Galicia, así como con otros colectivos, como el Colegio de Administradores de Fincas o la propia Fiscalía, y todas las entidades coinciden en manifestar su «alarma» por esta situación y por los «problemas de convivencia y conflictos de seguridad que genera».

El responsable del ente autonómico ha explicado que la propia Xunta tiene problemas con ‘okupas’ en viviendas de su titularidad y, tal y como ha precisado Heriberto García, el perfil de las personas que entran en esas viviendas no es el de solicitantes de ayudas ni inscritos en el registro de demandantes de vivienda. «No se puede negar la existencia del problema, y la Xunta tiene la obligación de dar respuesta a los ciudadanos afectados. No sería necesario si el Gobierno de España tomase medidas», ha sentenciado.

FALTA DE TRANSPARENCIA

Por otra parte, el PSdeG también ha planteado este miércoles en comisión parlamentaria una pregunta al gobierno gallego sobre el grado de cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, y ha denunciado que es «imprescindible» mejorar en este ámbito «para un buen funcionamiento democrático».

Según ha explicado el diputado socialista Pablo Arangüena, el gobierno de Feijóo lleva «años de retraso» en la publicación de información «básica y elemental», como el informe sobre los acuerdos parlamentarios, los datos estadísticos de contratación o el plan normativo anual, y ha tildado de «propaganda» los anuncios de la Xunta sobre actuaciones para mejorar la gestión y la transparencia.

En respuesta a estas críticas, el director xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Jesús Oitavén, ha reconocido «pequeñas incidencias y errores», que ha atribuido a la carga de trabajo de los departamentos autonómicos y a la concentración de esfuerzos en la lucha contra la pandemia, así como a la necesidad de más tiempo para «procesar datos». «Todo es susceptible de ser mejorado», ha afirmado, aunque ha precisado que «no hay ánimo de ocultación de la información ni de opacidad».

Además, Oitavén ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco ha publicado datos actualizados de contratos, ni la relación de acuerdos parlamentarios ni el plan normativo anual, «y no por eso es menos democrático». De hecho, ha puntualizado, «sí que es menos transparente que la Xunta, que publica más información».

BALANCE DE LA AXENCIA EUROPEA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA

Finalmente, el gobierno gallego ha rendido cuentas este miércoles sobre los más de diez años de funcionamiento de la Axencia Europea de Cooperación Transfronteiriza (AECT) Galicia-Norte de Portugal, en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario del PPdeG.

El director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, ha explicado que el balance de estos años es «netamente positivo» y que, además de actuaciones de cooperación en materia educativa, de I+D+i, industria, empleo o cultura, la AECT se ha implicado también para conocer y paliar las consecuencias que ha tenido en la región transfronteriza el cierre de fronteras decretado debido a la pandemia de Covid.

Según ha recordado Gamallo, esta medida tuvo «gran contestación» por parte de los alcaldes de ambos lados de la frontera, y se celebraron varios encuentros para conocer su impacto. Fruto de ese trabajo se elaboró un «plan de reactivación» que incluía propuestas como crear protocolos para futuros cierres, potenciar la inversión en la eurorregión, elaborar un protocolo conjunto para emergencias sanitarias, implentar la ventanilla única para apoyar al tejido empresarial, o actuaciones relativas al fomento del empleo.

Con todo, el director xeral también ha hecho «autocrítica», y ha reconocido que la AECT, pese a que hace «un gran trabajo», apenas tiene «visibilidad». «La sociedad gallega la conoce poco, es algo que tenemos que resolver», ha admitido.