El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este lunes en que la «ausencia» de una legislación específica adaptada a la pandemia en el ámbito estatal genera «inseguridad jurídica» y, tras resaltar las distintas posturas adoptadas por los tribunales superiores autonómicos ante las demandas de las comunidades por el fin del estado de alarma, ha avisado: «El Supremo no puede ser un juzgado de guardia».

Así se ha pronunciado, en la ciudad lusa de Oporto, después de trascender que el Gobierno se abre «realizar cambios legales adicionales» para que las comunidades autónomas puedan afrontar la pandemia tras el estado de alarma si «se desprende la necesidad» de las resoluciones del Tribunal Supremo, el encargado de unificar criterios para todo el país.

Así lo ha expresado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una tribuna publicada en el diario ‘El País’, en la que ha defendido que es «razonable que si hay disparidad de criterios» sea el alto tribunal el que «marque la pauta común». «¿Quién si no iba a hacerlo?», se ha preguntado.

Preguntado al respecto, el presidente gallego ha afeado que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez se haya negado «de forma empecinada» a adaptar la legislación orgánica estatal para afrontar la pandemia, pese a que las autonomías se lo han pedido y, en el caso de Galicia, se llegó incluso a remitir una propuesta de proyecto de ley.

En esta coyuntura, ha sugerido que el ministro podría ahora «desdecirse» de la postura anterior del Gobierno al ver «un hecho constatable», que los tribunales superiores autonómicos han tomado decisiones distintas decisiones ante demandas similares, en función de la Comunidad.

«LAGUNAS LEGALES»

«Ahora toca casación en el Supremo, pero el Supremo no puede ser un juzgado de guardia para solucionar problemas de lagunas legales. Los tribunales pueden aplicar leyes, pero no legislan. Y el problema que hay en España no es de aplicación de leyes, sino de ausencia legal», ha reflexionado el mandatario autonómico.

En este punto, ha vuelto a reprochar el «empecinamiento» del Gobierno central en no querer dotar de normativa específica frente a la pandemia y, además, «suspender» parte de la ley gallega –frente a lo hecho con otras autonomías que también impulsaron leyes propias–.

«Todos estamos en manos del Supremo», ha añadido, para concluir que los jueces «no son epidemiólogos» ni responsables de «llenar un vacío legal», sino que su responsabilidad es aplicar la ley. «Y mientras no la haya, siempre habrá lagunas legales e inseguridad jurídica», ha concluido.