El Sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de Salud de las comunidades autónomas que agilicen la recopilación de datos sobre agresiones a profesionales sanitarios, ya que «no es razonable» que el último informe presentado sea de 2017-2018 y «no se conozca oficialmente la realidad actual».

Y es que, la organización ha avisado de que viene constatando un repunte de casos después del periodo de emergencia sanitaria por el Covid-19. Además, en el informe del Ministerio de Sanidad trasladado hace escasos días a Satse se constata un aumento en el número de denuncias de profesionales sanitarios tras ser agredidos verbal o físicamente entre 2017 y 2018.

En concreto, en 2017 se registraron un total de 8.326 notificaciones, lo que supone una tasa global de 15,39 agresiones por cada 1.000 profesionales, y en 2018, 9.506 notificaciones, lo que supone una tasa de 17,17 agresiones por cada 1.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El perfil del profesional agredido es en su mayoría mujer, entre los 35 y los 55 años, y perteneciente a personal de enfermería y médico. «No es de recibo que aún no conozcamos lo acontecido en 2019 y, sobre todo, en 2020, de cara a poder adoptar las actuaciones necesarias para acabar con un grave problema que afecta a ocho de cada diez enfermeras y enfermeros, según ellas y ellos mismos reconocen en encuestas realizadas al respecto», han dicho desde la organización sindical.

A tenor de las denuncias que viene recibiendo los últimos meses, el sindicato ha estimado que las agresiones volvieron a aflorar tras el periodo de emergencia sanitaria por el Covid-19, siendo otra vez «muy frecuentes» los episodios de violencia verbal, como insultos o amenazas, y también los de carácter físico, como empujones o golpes.

A juicio de la organización sindical, la solución a este «grave problema» pasa por aprobar una norma estatal que implique y obligue a todas las administraciones públicas sanitarias, así como a la sanidad privada y concertada, a adoptar todas las medidas y actuaciones necesarias a nivel preventivo y de actuación en defensa del profesional tras ser agredido.

En la actualidad, cada servicio autonómico de salud establece los protocolos y actuaciones a seguir de manera independiente y descoordinada, con mayores y menores resultados, y lo que se necesita es una respuesta conjunta, coordinada y eficaz en el conjunto del país a través de la aprobación de una norma estatal, afirma el Sindicato de Enfermería.

En este sentido, la organización sindical ha recordado que hace unos meses elaboró un borrador de anteproyecto de ley que establece un amplio conjunto de medidas (prevención, sensibilización, información y apoyo) para proteger a todos los profesionales sanitarios víctimas de agresiones, y que ya ha trasladado al Ministerio de Sanidad y a los principales partidos políticos al objeto de que tomen la iniciativa en este asunto.

DATOS DE GALICIA

Esta central sindical recuerda que en el último ‘Informe anual de episodios de violencia externa registrados en el Sergas correspondiente al año 2019’ se constata que la situación «no ha cambiado con respecto al 2018, e incluso se ha incrementado en un 4%».

En 2019 las agresiones a profesionales de Enfermería alcanzaron el 34% del total de agresiones a personal sanitario, el colectivo más afectado seguido por los médicos. «La falta de cifras oficiales de 2020 no permiten objetivar un aumento de las agresiones durante la pandemia, pero los testimonios que transmiten los compañeros sobre las situaciones a las que se enfrentan en el desempeño de sus funciones en los hospitales y centros de salud, sí indican un preocupante incremento de actitudes violentas ante los profesionales sanitarios», explica Satse.

Para el Sindicato de Enfermería, «la solución a este grave problema pasa por aprobar una norma estatal que implique y obligue a todas las administraciones públicas sanitarias», así como a la sanidad privada y concertada, añade, «a adoptar todas las medidas y actuaciones necesarias a nivel preventivo y de actuación en defensa del profesional tras ser agredido».

OBSERVATORIO

«En la actualidad, cada servicio autonómico de salud establece los protocolos y actuaciones a seguir de manera independiente y descoordinada en el conjunto del Estado con mayores y menores resultados y lo que se necesita es una respuesta conjunta, coordinada y eficaz en el conjunto del país a través de la aprobación de una norma estatal», afirma el Sindicato de Enfermería.

En este sentido, esta organización sindical recuerda que hace unos meses elaboró un borrador de anteproyecto de ley que establece «un amplio conjunto de medidas (prevención, sensibilización, información, apoyo…) para proteger a todos los profesionales sanitarios víctimas de agresiones», y que ya ha trasladado al Ministerio y a los principales partidos políticos al objeto de que tomen la iniciativa.

Entre otras actuaciones contempladas en la propuesta de norma de Satse se incluye la de crear un Observatorio sobre la violencia en el ámbito sanitario que permita una radiografía detallada y actualizada del problema en las diferentes comunidades de cara a adoptar las soluciones necesarias en cada momento.

Asimismo, se establece la elaboración de un Plan de Prevención contra la Violencia en el ámbito sanitario en cada servicio de salud autonómico, así como en cada empresa o centro de trabajo, que incluya «las medidas en cada caso a implantar para prevenir, evitar o disminuir el riesgo del personal sanitario de sufrir agresiones», concluye.