El PPdeG ha rechazado una iniciativa del BNG que pedía que la Xunta traslade al Parlamento gallego la documentación sobre los planes industriales y las correspondientes monetarizaciones en relación con las cantidades que debían abonar las empresas eólicas por proyectos no realizados del concurso de 2010.

En el pleno del Parlamento, el diputado del BNG Luís Bará ha avisado de que, si persiste la negativa de transparencia por parte del PP, acudirá a la justicia, ya que demanda «luz y taquígrafos». «No quieren dar información porque algo tienen que ocultar», reprueba respecto a que hay empresas «que se comprometieron a invertir en los proyectos industriales y no lo hicieron».

Esta petición llega a raíz de que la asociación ecologista Adega haya presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente contra la Xunta por presunta prevaricación y malversación de fondos vinculados con la tramitación del plan industrial para el desarrollo de dos proyectos eólicos de Greenalia –de Campelo y Lamas de Feás–.

Y es que el Bloque quieren conocer la información y expedientes de «todos» los proyectos industriales –cifra en 21 las empresas que pidieron esa monetarización–, ya que por parte del Gobierno gallego «perdonaron» 11,7 millones a Greenalia en relación con esta cuestión. La propuesta rechazada también pedía investigar este extremo.

Asimismo, el diputado nacionalista ha denunciado «la avalancha» e «invasión» de ocupación eólica «masiva» del territorio, promovida por Xunta y Gobierno central. Y es que señala que, entre ambas administraciones, hay 275 proyectos en tramitación que suman más de 11.000 megavatios, a los que se suman otros 6.000 megavatios previstos de eólica marina, «una auténtica salvajada». «No quieren dejar nada vivo, ni siquiera los peces», censura.

Así, Bará considera que se trata de «un atentado contra Galicia», «el mayor atentado contra el rural gallego desde el franquismo», si bien recuerda que ya hay denuncias por la vía penal.

La diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo coincide en demandar a la Cámara que se aporte esta documentación, al tiempo que pide «depurar responsabilidades políticas» sobre lo sucedido con los parques eólicos de Greenalia «en el caso de que hubiese algún tipo de responsabilidad».

POSTURA DEL PP

En cambio, Marta Nóvoa (PP) defiende que todos los acuerdos y resoluciones del Gobierno gallego sobre el concurso eólico de 2010 «cumplen estrictamente con la legalidad». Reprocha que esta iniciativa lo «único que pretende es denostar la energía eólica» y «hablar mal de la Xunta».

Además, la diputada popular ha cargado contra la «decisión unilateral» del Gobierno central de poner una fecha límite esta semana para la presentación de declaraciones ambientales para proyectos eólicos, lo que ha provocado una «avalancha», con pérdida de los permisos de conexión para aquellos que no han conseguido una autorización en plazo.