El comité de empresa de Alcoa en Cervo (Lugo) ha colocado a la entrada de la fábrica 100 del millar de cruces que prevé instalar en diferentes lugares de Galicia para visualizar lo que supondría, de ejecutarse, el expediente de regulación de empleo (ERE) en la planta de A Mariña.

«No vamos a permitir que piensen que se ha acabado esto. Aquí tenemos el monolito que en su día inauguraron los reyes y que no permitiremos que se vaya abajo», ha advertido el presidente del comité, José Antonio Zan.

Al respecto, ha llamado a seguir la batalla y a «no bajar los brazos», pues el día 3 está previsto el juicio contra el despido colectivo y se ha mostrado convencido de que «se demostrará que es una absurda locura aplicar un ERE a esta plantilla».

Así, ha subrayado que el aluminio está en «buenas condiciones y subiendo» y hace tiempo que no hay «un año de luz tan barato como este». «Ese ERE no tiene sentido. La planta de aluminio no pierde dinero», ha incidido.

Este sábado, como continuación de esta acción, los trabajadores simularán un velatorio, a las 19,30 horas, para lo que portarán cirios y luces en el casco, también a la entrada de la fábrica.

DIPUTACIÓN

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Lugo, la nacionalista Maite Ferreiro, ha exigido este viernes que se concrete a la «mayor brevedad» posible la intervención, por parte del Gobierno central, de la factoría de San Cibrao.

Ferreiro ha protestado porque «ya» va «demasiado tiempo con esta situación de impasse, donde nadie mueve ficha». «Los trabajadores cada vez están más preocupados por su futuro», ha resaltado.

La nacionalista ha recordado que el BNG «siempre» ha defendido «que la única solución posible es una intervención pública». «Yo creo que es el momento, no se puede dejar pasar un minuto más y la Xunta y el Gobierno central tienen que dar ese paso para intervenir esa empresa tan importante para A Mariña y para la provincia de Lugo, como se ha hecho con otras empresas y no representaban tanto para una comarca y una provincia como es Alcoa», ha incidido.

La vicepresidenta provincial ha añadido que, de cerrar la planta de A Mariña, la multinacional americana tendría que «devolver» todas «las ayudas públicas» que ha recibido en los últimos años.

«Los ciudadanos y ciudadanas muchas veces dan ese dinero para ayudar que vaya adelante esa empresa, y en muchos casos por mal funcionamiento o por motivos ajenos a las personas que pagamos nuestros impuestos se quedan con ese dinero que al final no se sabe nunca a donde va», ha objetado.

Dicho esto, sobre las «ayudas» ha sostenido que «estarían mejor invertidas en otras empresas públicas donde las administraciones tuvieran un control absoluto de cómo funcionan».