El Gobierno central está a la espera de lo que decidan los tribunales sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) de Alcoa para después, «llegado el caso», poder «argumentar la intervención» de la planta de Cervo (Lugo).

Eso es lo que asegura el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, que han trasladado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el vicepresidente económico, Francisco Conde, a los representantes de los trabajadores.

Tras reunirse este viernes en A Mariña de Lugo, a donde se han desplazado ambos mandatarios, Zan ha afirmado que, «según la Xunta, se está en unos tiempos procesales a los cuales tienen que someterse tanto ellos como el Gobierno central para argumentar la intervención».

«Estamos pendientes de esos tiempos», ha expuesto, para proseguir: «Y dado el momento, llegado el momento, si no se consigue una venta, que es una de las partes que ellos también quieren tener abierta a ver si sale, pues llegar a un acuerdo y venderla».

«A nosotros nos da igual cuál de los dos trámites sea, la venta o la intervención, lo que tenemos claro es que no queremos que paren las cubas ni se despida a nadie», ha subrayado.

En este sentido, ha dicho tener «claro» que haga lo que se haga «debe ser cuanto antes, porque ya van cinco meses de calvario y no se puede continuar dejando en manos de la justicia» la crisis de la factoría.

El próximo miércoles 28 será una «fecha clave», por la audiencia en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para resolver sobre las medidas cautelares planteadas por sindicatos y comité para paralizar el ERE a 524 trabajadores de la planta de aluminio.

Según reconoce el presidente del comité, están «ya en la prórroga» y no hay «tiempo para más cuentos». «Necesitamos que se haga cuanto antes», ha aseverado, en alusión a una «tortura» que dura ya «más de cinco meses».

Por su parte, el encuentro de este viernes con Feijóo y Conde lo pidieron ya que había «falta de comunicación con el Gobierno central, porque la mesa multilateral lleva dos semanas de retraso».

Por eso y porque querían instar a la Xunta a que «solicitara cuanto antes la intervención temporal pública de la empresa para después vendérsela a un tercero», como así lo acordaron tanto el Congreso de los Diputados como el Parlamento de Galicia.