La responsable de la Federación de Servicios de CIG en Ferrol, Beatriz Fernández, ha denunciado que «el número de trabajadores en residencias de mayores» en Galicia no coincide con «los cuadros ofertados para las contrataciones», lo que motiva que en estas instalaciones «se trabaje con falta de personal, con condiciones esclavistas, que no solo afecta a los propios trabajadores, sino que incluso a los propios usuarios».

Estas manifestaciones las ha realizado Fernández en Ferrol, en una rueda de prensa celebrada este martesen el local del sindicato en la que ha estado acompañada por trabajadoras de las residencias DomosVi en Ferrol, Narón y Laraxe, en Cabanas (A Coruña), además de Mi Casa.

«Estas irregularidades son sangrantes en el grupo Domos Vi, en donde, a pesar de ello, nos encontramos con que en el año 2019 la Xunta presupuestó 65,7 millones de euros para el concierto de plazas en residencias privadas, en donde casualmente el mayor número de plazas fue a parar a este grupo, que es el que lleva el peso de este sector en Galicia», ha lamentado

SITUACIÓN A CAUSA DEL COVID-19

Beatriz Fernández también ha manifestado que, a consecuencia del coronavirus, en estos centros se produjeron carencias, como «falta o insuficiencia de equipo de protección individual (EPIs), cambios de jornadas de trabajo, con jornadas de hasta doce horas, con la inexistencia de protocolos de prevención, en donde, además, se incumplieron protocolos alcanzadas con departamentos como enfermería».

«Además de la falta de realización de test, que no hizo más que reforzar nuestra lucha por la dignificación del sector», ha señalado, para «exigir a la Xunta que adopte las medidas necesarias para que las empresa del sector no sigan a convertir las residencias de mayores privadas en un servicio low cost».

SENTENCIA

En otro orden de asuntos, Beatriz Fernández se ha referido a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ha dado la razón a los sindicatos en su demanda sobre descanso semanal y sistema de compensación de festivos trabajados, y que ha sido recurrida por la patronal ante el Tribunal Supremo (TS).

«Muchos nos tememos que ahora la Mesa del convenio colectivo va a quedar paralizada», ha señalado, al entender que va a ser una medida que se va a utilizar «como represalia». «Nos encontramos con un convenio denunciado y una mesa paralizada», ha dicho, para acusar a la patronal de esta decisión y a la Xunta «por consentidora».

Por parte de este colectivo no descartan iniciar medidas de protesta para trata de desbloquear la situación generada en las relaciones entre empresas y trabajadores.