Dos jóvenes acusados de traficar con sustancias estupefacientes durante la celebración del Resurrection Fest han aceptado este lunes una condena de tres años de prisión y el pago de una multa de 1.396 euros cada uno tras alcanzar un acuerdo de conformidad en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Lugo.

Los procesados, que carecían de antecedentes penales, reconocieron los hechos y se beneficiaron de la aplicación de la atenuante de drogadicción. Según explicaron los abogados de la defensa, ambos eran consumidores habituales de sustancias estupefacientes cuando ocurrieron los hechos y actualmente se encuentran inmersos en un proceso de deshabituación con evolución terapéutica favorable.

La Fiscalía tuvo en cuenta la relación existente entre su consumo y la actividad delictiva, así como el tratamiento que siguen en la actualidad, circunstancia que permitió rebajar la petición inicial de condena. Además, se informó de que la ejecución de la pena privativa de libertad quedará suspendida para favorecer la continuidad del proceso de rehabilitación, por lo que los acusados no tendrán que ingresar en prisión siempre que cumplan las condiciones establecidas judicialmente.

Los hechos se remontan al 26 de junio de 2025, cuando ambos acudieron al festival de música celebrado en Viveiro con la intención de vender distintas sustancias estupefacientes. Los acusados habían instalado una tienda de campaña en las inmediaciones del campo de fútbol Marcos Gómez y, según la investigación policial, colocaron en el exterior un cartel con la inscripción ‘Keta & Pills’.

La intervención de la Policía Nacional permitió localizar diversas cantidades de droga tanto en una mochila como en el vehículo en el que habían llegado al recinto. En total, se les intervinieron cerca de 14 gramos de ketamina, más de 8,7 gramos de MDMA, alrededor de 16 gramos de cannabis, una bolsa de marihuana y 2,4 gramos de 2C-B, además de decenas de pastillas de éxtasis, una balanza de precisión y 245 euros en efectivo.

De acuerdo con el informe pericial incorporado a la causa, el valor económico que habría podido alcanzarse con la venta de las sustancias intervenidas ascendía a 1.396,24 euros.

Inicialmente, el Ministerio Fiscal solicitaba para cada uno de los acusados una pena de cuatro años de prisión y una multa de 3.900 euros por un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud. Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre las partes permitió rebajar la condena a tres años de cárcel y una multa equivalente al valor de la droga intervenida.