El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado la propuesta presentada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el debate de Estado de Autonomía sobre la implementación de unidades de apoyo especializadas para la atención y control de las bajas. Ha descartado la posibilidad de que la medida levante ampollas entre el colectivo médico, puesto que «no son unidades para auditar a nadie, ni represoras».

Así de tajante se ha expresado preguntado por los medios tras presentar los resultados de un estudio sobre la presencia de sustancias psicoactivas en aguas residuales.

«Son unidades de apoyo, no tienen por qué generar desconfianza. Están para ayudar, no para criticar ni para auditar a nadie (…). No son unidades ni auditoras ni represoras», ha afirmado.

De hecho, ha apuntado, este tipo de unidades han estado funcionando ya en programas piloto en diferentes áreas sanitarias «apra comentar los casos con los médicos de atención primaria y ver la forma de abordar ese problema». «Funcionó y se consiguió que personas que estaban de baja volvieran a su puesto», ha insistido.

Por el momento, el conselleiro no ha querido precisar plazos ni otras concreciones sobre la reforma sanitaria de Atención Primaria anunciada por el presidente.

PLAN PARA REFORZAR EL CONTROL DE LAS BAJAS

El plan para reforzar el control de las bajas ha marcado la agenda política de los últimos días, después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciase en el marco del Debate sobre el Estado de la Autonomía que se celebra en el Parlamento que prevé presentar «en las próximas semanas» un programa integral al respecto.

En concreto, tras recordar que la Xunta ya impulsó un programa de revisión que permitió «controlar casi 130.000 bajas», lo que resultó «en el alta de 30.200 personas que no debían estar en esta situación», avanzó la creación de unidades especializadas para la atención y control de las bajas por enfermedades musculoesqueléticas o de «psiquiatría menor», que «son las más frecuentes».

Argumentó que estas unidades servirán de apoyo a los médicos del primer nivel asistencial que gestionan las bajas y anticipó que también se «reforzará el papel de las mutuas» en la revisión de las incapacidades temporales. Así, cada vez que una mutua realice una propuesta de alta «lo suficientemente justificada», la inspección sanitaria «la va a ratificar y acordar el alta».

Tras el anuncio de Rueda y en la línea del guión habitual de secundar las medidas que plantea su jefe de filas, los populares registraron una propuesta de resolución que, en términos genéricos, instaba a poner en marcha «un procedimiento común entre las unidades de inspección y control de salud laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad laboral».

A lo largo de la jornada, el PPdeG, grupo que sustenta al Gobierno y que, en consecuencia suele revelar sus intenciones, ofertó a PSdeG y Democracia Ourensana (D.O.) un acuerdo con un texto que perfilaba y daba mayor concreción al compromiso e incluso fijaba un plazo de tres meses para llevarlo a cabo, pero sin éxito, por lo que el texto que se tendrá que someter a votación será el inicial.

En todo caso, en el texto que se queda por ahora en el cajón de los populares, el grupo mayoritario proponía que la Cámara instase al Gobierno de Rueda a que, en un plazo de tres meses, presentase «un plan integral con el objetivo de disminuir los niveles de absentismo laboral en la comunidad».

Y añadía que debía hacerlo garantizando «el máximo respeto a los derechos laborales y desde la escucha activa del tejido empresarial y de las organizaciones sindicales a través del diálogo social, poniendo en marcha, como primera medida, la creación de unidades especializadas como apoyo a los médicos de atención primaria para las patologías más prevalentes (salud mental y músculo esqueléticas)».