Gobierno, sindicatos y empresarios iniciarán este jueves las negociaciones para fijar el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024, cuyo importe actual asciende a 1.080 euros mensuales por catorce pagas.

En concreto, el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz ha convocado a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme a una reunión mañana jueves a las 16.00 horas.

El encuentro estará presidido por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Rey, y a él asistirán, entre otros, la secretaria de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente; el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, y, previsiblemente, la directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos.

El Ejecutivo no está obligado a negociar el SMI con los agentes sociales, pues el Estatuto de los Trabajadores sólo le mandata a consultarles, pero la ministra siempre ha intentado sacar esta medida adelante con su respaldo.

La subida del SMI es una de las primeras medidas que se ha fijado la vicepresidenta Díaz de cara a la nueva legislatura con un objetivo en mente: que esta renta mínima, que afecta a algo más de dos millones de trabajadores que no están amparados por la negociación colectiva, no pierda poder adquisitivo en un contexto de altas tasas de inflación.

El último dato del IPC, el adelantado del mes de noviembre, sitúa la inflación interanual en el 3,2% y la tasa media de los últimos doce meses en el 3,8%, que es la que marca la subida que experimentarán las pensiones contributivas en 2024.

La vicepresidenta Díaz se ha mostrado confiada en las posibilidades de acuerdo entre patronal y sindicatos sobre la subida del SMI. «Les pido aquí a los agentes sociales que, por el bien de nuestro país, por la necesidad que hay de serenidad y tranquilidad (…), estemos a la altura de las circunstancias y concitemos un acuerdo», apuntó Díaz el pasado lunes.

Las organizaciones empresariales, que ya han hecho pública la propuesta que llevarán a la mesa de negociación, no se oponen a elevar la cuantía del SMI, pero han pedido que su subida se limite al 3% tanto en 2024 como en 2025, un planteamiento que, de entrada, no convence ni a Díaz ni a los sindicatos.

También UGT y CCOO consideran «insuficiente» la oferta de CEOE para la subida del SMI y abogan por tener en cuenta, no sólo el IPC general, sino también la evolución de los precios de los productos básicos, como la alimentación, para determinar su incremento.

Los sindicatos, que por el momento no han ofrecido un porcentaje concreto para la subida del SMI, se han mostrado partidarios en numerosas ocasiones de llevar el SMI hasta los 1.200 euros al mes, lo que implicaría un incremento sobre la cuantía actual del 11,1%.

El objetivo, tanto del Gobierno como de los sindicatos, es situar el SMI en el 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó el pasado viernes de que el salario medio español de 2022 fue de 2.128 euros al mes en términos brutos. El 60% de esa cantidad equivaldría a unos 1.277 euros mensuales.

Trabajo creó en su día una comisión de expertos para asesorarle sobre la subida del SMI, a la que Díaz dijo hace unos días que dará continuidad en este legislatura «con un mandato renovado y más amplio». Así, la ministra señaló que pedirá a esta Comisión que evalúe también las consecuencias en materia de igualdad y desigualdad que puede tener la subida del salario mínimo.

En la anterior alza del SMI, la de 2023, los expertos hicieron una propuesta de subida que iba del 4,6% al 8,2% tomando como referencia una estimación del salario medio de 2022, que ahora ya se conoce. Finalmente, para 2023 y en plena crisis inflacionista, se subió el SMI un 8%, dentro de la banda alta de las recomendaciones de la Comisión asesora.

LA PROPUESTA EMPRESARIAL PARA EL SMI DE 2024: 1.112,4 EUROS AL MES

La hoja de ruta planteada por la CEOE pasa por subir el SMI un 3% para 2024, desde los 1.080 euros actuales por catorce pagas hasta los 1.112,4 euros al mes, y aplicar otra subida del 3% para 2025, lo que le situaría por entonces en 1.145,77 euros mensuales. En ambos casos, sería aplicable la cláusula de garantía prevista para estos ejercicios en el acuerdo de convenios con los sindicatos.

En todo caso, la patronal precisa que su propuesta «tiene como condición sine qua non» la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución, tal y como también se recoge en el V AENC firmado por las organizaciones empresariales y los sindicatos.

El planteamiento empresarial implicaría una subida del SMI, en dos años, de 65,77 euros, el equivalente a un alza del 6% respecto al importe actual. Así, el SMI aumentaría en 32,4 euros el próximo año y en 33,37 euros en 2025, de acuerdo con la propuesta de los empresarios.

La organización que dirige Antonio Garamendi defiende que su propuesta conjunta con Cepyme de subida del SMI para 2024 y 2025 está en línea con lo acordado con CCOO y UGT en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

El acuerdo de negociación colectiva que firmaron CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en mayo de este año recomienda subidas salariales del 3% tanto para 2024 como para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

UGT y CCOO VEN LA PROPUESTA PATRONAL «INSUFICIENTE»

Sin embargo, los sindicatos entienden que el SMI debe proporcionar «el mínimo de suficiencia y dignidad» que señala la Carta Social Europea (60% del salario medio), por lo que no ven adecuado ligar los incrementos del SMI a lo acordado en el AENC.

«El AENC recoge cláusulas vinculadas a la evolución de la inflación, habituales en los convenios colectivos, pero de difícil aplicación en un salario mínimo», subrayaron los sindicatos en un comunicado difundido esta misma semana.

UGT y CCOO consideran que la subida del SMI tiene que garantizar el cumplimiento del mandato de la Carta Social Europea, esto es, ser equivalente al 60% del salario medio del país, como se recoge en el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar.

Por ello, las organizaciones sindicales abogan por tener en cuenta la evolución de los precios de los productos básicos, como la alimentación, que constituyen la parte fundamental de la cesta de la compra de quienes perciben la renta básica, para garantizar que este salario cubre las necesidades básicas de las personas trabajadoras y sus familias.

Los sindicatos entienden que el SMI tiene que subir teniendo en cuenta dos variables: cómo están evolucionando los salarios medios en España, que están en torno al 5,2%, y cómo están subiendo los precios de los productos básicos que componen la cesta de la compra de la gente que tiene salarios más bajos, una subida que es «muy superior» al 3% propuesto por la CEOE.

A principios de este año, el Gobierno acordó, sólo con los sindicatos, una subida del SMI del 8% para 2023. Su compromiso para esta legislatura es fijar, por ley, que esta renta mínima siempre debe ser equivalente al 60% del salario medio.

La CEOE tampoco se sumó a las subidas del SMI de 2022 y 2021 acordadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con CCOO y UGT, pero sí pactó con ellos el incremento de 2020, cuando aumentó desde los 900 a los 950 euros mensuales.