El sindicato CIG ha denunciado este martes la paralización y bloqueo de la negociación del convenio de los trabajadores de las residencias de mayores de Galicia, por parte de una patronal «que está actuando de mala fe» y que «se niega a compensar el esfuerzo ímprobo» de estas plantillas, especialmente durante el último año.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa el responsable de Negociación Colectiva de CIG-Servizos, Pedro Pérez, quien ha recordado que el anterior convenio expiró a finales de 2019 y que, desde entonces, las organizaciones patronales están «aplazando» la negociación para un nuevo acuerdo.

Según ha denunciado, la mesa negociadora no pudo constituirse hasta junio de 2020, porque los sindicatos presentaron un conflicto colectivo sobre la compensación de las jornadas festivas y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no se pronunció hasta mayo del año pasado.

En todo caso, desde entonces, ha criticado, «solo ha habido 6 reuniones» y, aunque la parte social ha presentado una plataforma con sus demandas, la patronal «no hace propuestas» y se limita a señalar que las pretensiones de los sindicatos «son inasumibles».

Pedro Pérez ha denunciado que los representantes de las empresas están demorando la negociación, porque han recurrido la resolución del TSXG sobre las jornadas festivas, y les ha afeado que, mientras se incrementa el retraso en esa negociación, los más de 3.000 trabajadores afectados en Galicia siguen en condiciones «precarias» y no se les compensan los esfuerzos realizados en los últimos meses, pese a que están siendo trabajadores esenciales en la pandemia.

El representante sindical ha recordado que la crisis sanitaria ha servido para comprobar «las negligencias» por parte de las empresas en la gestión de residencias de mayores, y para constatar que «las ratios de empleados/usuarios son insuficientes».

DIFERENCIAS CON TRABAJADORES PÚBLICOS

Al respecto ha subrayado que las condiciones de estas plantillas deben «encaminarse» hacia una «homologación» con respecto a los trabajadores de residencias y centros públicos, tanto en materia salarial como, especialmente, en lo que respecta a la jornada.

En ese sentido, Pedro Pérez ha recordado que, aunque la diferencia en el salario bruto no sea muy amplia, sí que se agranda al añadir, en el caso de los centros públicos, una serie de complementos. Además, los trabajadores de los centros privados trabajan unas 200 horas más al año.

Esas diferencias se hicieron muy patentes en las residencias privadas que, por su alta incidencia de COVID, fueron intervenidas por la Xunta. En esos centros, ha señalado la CIG, «convivían dos modelos», y se daba la circunstancia de que había trabajadoras que, haciendo las mismas labores, tenían una diferencia de salario de unos 500 euros, porque unas habían sido contratadas por la administración y otras eran plantilla del propio centro.