Las medidas de conciliación que plantea el plan de desescalada del Gobierno central han dejado numerosas incógnitas en las instituciones y en la comunidad educativa de Galicia, ante la falta de criterios y parámetros que permitan asegurar la apertura de centros para menores y al mismo tiempo garantizar las condiciones sanitarias adecuadas.

El plan contempla en su segunda fase la apertura de centros y escuelas de infantil para familias con hijos menores de seis años que acrediten que los padres tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización.

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, matizó el alcance del documento este miércoles, y ha asegurado que el Gobierno tendrá en cuenta «en la medida de lo posible» los mecanismos que faciliten la conciliación de los padres con hijos en Primaria y primeros cursos de Secundaria.

Los alumnos de 4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial, podrán volver a clase con carácter voluntario, también en la fase dos, con división de los grupos de más de 15 estudiantes al 50%, una medida que se tomará teniendo en cuenta la proximidad de las pruebas de selectividad.

No obstante, las medidas anunciadas mantienen la incógnita sobre las circunstancias concretas que obliguen a un centro a abrir, el ratio de alumno por aula específico para garantizar la seguridad o el papel de las escuelas infantiles privadas.

La Asociación Gallega de Escuelas Infantiles (Agadei) ha trasladado a Europa Press sus dudas por la falta de un plan definido, que es «fundamental» y que «de momento no existe.

La entidad, que representa al 70% del sector en la comunidad, ha considerado «primordial» contar con pautas claras, y que se faciliten «con la suficiente antelación» para organizar los centros y el personal (si habrá reducción de ratios, entre otras).

Por otro lado, advierten de que hay muchos trabajadores que están en ERTE y del «riesgo» de que centros de 0 a 3 años no puedan abrir sus puertas si no se impulsan ayudas tras el estado de alarma, una situación que ya han trasladado a la Consellería de Política Social.

FALTA DE CRITERIOS

El Gobierno gallego ya ha censurado la falta de diálogo previo del Estado para trabajar en el documento. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advirtió de las «lagunas» que presenta el plan y avanzó que se pedirá una aclaración sobre «ese concepto difuso y confuso que es la apertura de las guarderías», reprochando que el criterio del Gobierno central sea «si los padres tienen trabajo o no».

También ha explicado que, antes de formular su postura, el Ejecutivo autonómico «validará» con los expertos clínicos del Sergas qué riesgo pueden tener los niños si vuelven a los centros.

Fuentes de la Consellería de Educación han trasladado a Europa Press que esperan a una convocatoria del Ministerio del ramo para aclarar «las directrices concretas» en las que se llevará a cabo esta reapertura.

«Consideramos prioritario que se fijen unos criterios objetivos y unos parámetros claros para evitar agravios comparativos entre el alumnado», añaden, sobre todo teniendo en cuenta a los estudiantes que afrontan las pruebas de la ABAU.

Esta situación se repite en la red pública de guarderías. La Consellería de Política Social pide «prudencia» y espera una explicación por parte del Gobierno central para saber «exactamente» el alcance de la medida, más allá del anuncio de Pedro Sánchez.

«NULO AVANCE»

Las asociaciones de padres de centros públicos han trasladado su preocupación por los últimos pasos del Ejecutivo central. Desde Confapa-Galicia, Rogelio Carballo ha advertido de que el problema de la conciliación es «una auténtica laguna» en toda la actuación de las instituciones y que deja en el olvido al alumnado mayor de seis años, «que no está contemplado en ningún sitio».

Estas familias también «necesitan una alternativa» para conciliar, ha recordado, y ni pueden «soportar esta situación permanente». Por ello, ha reclamado que se concreten estas medidas, que exista una planificación «con un mínimo de tiempo» y que se tomen las decisiones «a pie de calle y no a pie de moqueta».

Fernando Lacaci, de Anpas Galegas, se ha mostrado por su parte «sorprendido» del «nulo avance que esto representa por parte de un Gobierno que se dice progresista», y ha censurado que «se escolarice» a los pequeños «por necesidad de que los padres estén libres para producir y ser obreros al servicio de la patria».

«Se está poniendo el acento donde no se debe, de la manera más retrógrada posible», ha insistido, para advertir de que la conciliación es «un problema sistemático» y que el retorno a las aulas debe considerarse desde la opinión de los expertos y las condiciones sanitarias.

«APARCAMIENTO DE NIÑOS»

Los profesores, por su parte, han alertado de la sobrecarga que les espera en los próximas meses y de la falta de garantías de las medidas anunciadas. Suso Bermello, de CIG-Ensino, ha considerado que la escuela «no puede ser nunca un medio asistencial para suplir el déficit del mundo laboral», un mensaje «totalmente negativo».

Bermello ha insistido en que estas medidas necesitan criterios «muy meticulosos», sobre todo en aquellos casos de colegios con cientos de alumnos y la problemática de controlar el contacto entre ellos o la organización de turnos, por la falta de medios. «Se están dando palos de ciego», ha señalado, si bien ha agradecido esta posibilidad para el alumnado que se presentará a la ABAU.

Desde ANPE, por su parte, han criticado al situación y ha rechazado «la labor de guardería» que pretende inculcarles el Gobierno central, advirtiendo de que los centros no son un «aparcamiento de niños».