UGT ha reclamado al Gobierno que realice más inspecciones y refuerce el personal y la atención sanitaria en los centros de mayores, donde ha denunciado las condiciones «extremas», las carencias y el estrés que sufren los trabajadores de residencias de mayores, un sector donde el 90 por ciento son mujeres, al tiempo que exige «saber qué ha sucedido» en estos centros.

El sindicato considera imprescindible reforzar la atención sanitaria de los mayores porque su salud es «bastante más vulnerable» que la de la población en general y exige que la Atención Primaria y Comunitaria tenga un «papel esencial».

Por ello, pide que se aumenten los recursos humanos y las ratios de gerocultoras en residencias, para prestar una atención de mayor calidad en los centros de mayores. Del mismo modo, insta a velar por atención de las personas mayores dependientes.

UGT exige saber qué ha sucedido y sigue sucediendo en las residencias, para poder tomar las medidas necesarias y eficaces para proteger a los más vulnerables.

Para proteger a los mayores, ve «imprescindible» adoptar medidas urgentes de detección de casos de coronavirus para los trabajadores, la dotación de útiles y EPIS y que se les hagan test para que puedan seguir atendiendo a los mayores. Igualmente, exige que se realice «inmediatamente» el test a las personas mayores «sospechosas» de tener el virus para poder aislarlas.

Entre las medidas que propone, pide seguir estableciendo protocolos de atención sanitaria para los mayores en los centros residenciales para aliviar la presión de los centros sanitarios, además de prevenir el contagio del resto de personas mayores que residen en los centros.

Del mismo modo, denuncia las condiciones «extremas» de los empleados de residencias, que ven «ahora aumentadas» las carencias de personal y los problemas laborales que ya sufrían antes de la pandemia.

El sindicato confía en que de esta pandemia se haya aprendido algo y que a partir de ahora se refuercen las inspecciones, se incrementen los recursos humanos y las comunidades autónomas incluyan en los pliegos de licitación penalizaciones por tener sanciones repetidas desde la Inspección de trabajo.

UGT recuerda que hace casi un mes denunció que no se estaban realizando los test rápidos ni a las personas mayores ni al personal trabajador de las residencias de mayores, para conocer si están contagiados y evitar el contagio.

Entonces exigió considerar a las residencias como «foco de actuación preferente» contra el coronavirus y reclamó extremar las medidas de limpieza y desinfección de todos los centros residenciales y que se inspeccionen las «posibles irregularidades» en la atención a los mayores.

Asimismo, aunque se estableció desde el Ministerio un protocolo de intervención para frenar la expansión de la pandemia en los centros residenciales, teniendo en cuenta dos grupos de población a proteger: las personas residentes y el personal que presta sus servicios en los centros, UGT ha denunciado «en demasiadas» comunidades autónomas la «deficiente» atención del mismo.

De hecho, aunque se han puesto en marcha algunas medidas como la desinfección de los centros, UGT considera que se necesitan «más medidas» para garantizar la seguridad y salud de todas las personas mayores y de los cuidadores.

En la actualidad, recuerda que no todas ellas cuentan aún con el material de protección preciso, como Equipos de Protección Individual, ni se realizan los test suficientes, que deben incluir a todos los residentes, trabajadores de residencias y sus familiares.

Otra de sus peticiones pasa por que se realice una auditoría que «revele los efectos dramáticos» del COVID-19 en las residencias y las medidas que se han ido adoptando en las distintas comunidades autónomas para evitarlos. «Es necesario realizar un diagnóstico de lo sucedido, saber qué ha pasado y por qué, para tomar las medidas necesarias y eficaces que eviten que esto vuelva a suceder», insiste.

DOS AÑOS DE DENUNCIAS

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT había denunciado, con anterioridad, las carencias del sistema. De hecho, lo hizo dos veces ante el Defensor del Pueblo (el 18 de mayo de 2017 y el 18 de octubre de 2018).

La primera denuncia se realizó, además, en el contexto de una campaña a nivel nacional, en la cual desde los territorios se enviaron cartas similares a cada una de las instituciones equivalentes en las comunidades autónomas. Del mismo modo, se informó el 11 de diciembre de 2019 a la entonces ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, de la necesidad de desbloquear el convenio colectivo de las trabajadoras del sector de la dependencia.

Según datos del CSIC de abril de 2019, en España hay 5.417 centros de mayores, que suman un total de 372.00 plazas. Algunas de estas residencias son pisos, sin el espacio, ni las condiciones suficientes para asegurar el aislamiento.

En este contexto, añade que aunque no hay datos oficiales, entre el 26 de marzo y el 15 de abril hubo un «aumento exponencial» del número de fallecidos, lo que revela a su vez que se deberían haber incrementado las medidas de protección frente al Covid19 en los centros de mayores y las inspecciones en esos centros.