La magistrada del juzgado de primera instancia e instrucción del ayuntamiento lugués de A Fonsagrada comenzará este jueves a tomar declaraciones por el caso de las dos viviendas comunitarias (Burón I y Burón II) que fueron clausuradas por la Xunta el pasado 8 de abril, después de constatar las malas condiciones en las que vivían los 29 ancianos de estos centros.

Fuentes del TSXG han confirmado a Europa Press que este jueves se iniciará el proceso de toma de declaraciones, tanto para aquellas personas que están citadas en calidad de testigos como de investigados. A lo largo de esta semana y de la que viene se conocerán los testimonios de los llamados a declarar.

Entre ellos se encuentran diversas personas que forman parte de la dirección y propiedad de estas dos viviendas tuteladas, pero también testigos que darán su versión a la jueza para clarificar los hechos.

Estos fueron trasladados a la Fiscalía por la posibilidad de que el caso fuese constitutivo de un ilícito penal debido a la «gravedad» de las circunstancias, según informó la Consellería de Política Social.

«SITUACIÓN DE GRAVEDAD»

La primera denuncia partió de un informe emitido por los servicios sociales de A Fonsagrada el martes 7 de abril. En él se advirtió a la Administración gallega de una posible situación de maltrato a los residentes del centro y de diversas irregularidades tanto en las condiciones como en la atención a los mismos.

Por la gravedad de la situación alertada en el documento, la inspección de servicios sociales de la Xunta se desplazó al centro para corroborar los hechos retratados en la denuncia y también remitió un aviso a cuerpo de Guardia Civil.

Los efectivos desplazados constataron la situación en la que se encontraban estos residentes, un total de 29 ancianos en un centro con 23 plazas y en condiciones inadecuadas, que motivaron la urgencia de las actuaciones desde la Administración gallega para ordenar el cierre inmediato de las instalaciones.

TRASLADADOS A O CARBALLIÑO

A lo largo de esta semana los mayores están siendo reubicados en el centro público de O Carballiño. El traslado empezó este martes entre los que se encuentran en condiciones para ser desplazados y entre los que las familias de los afectados aceptan la propuesta de la Consellería de Política Social.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, todos ellos dieron negativo a las pruebas de la COVID-19, aunque su estado es muy diferente y parte de ellos tendrán que seguir ingresados varios días más en el HULA por estar en peor condición física.

En la residencia de O Carballiño podrán recibir la atención sociosanitaria que necesitan y un seguimiento individualizado de su evolución, explicó la Xunta esta semana.