El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado que la Compañía de Tranvías tenía la razón en su reivindicación de que su contrato para prestar el servicio de autobús urbano en A Coruña continuaba hasta el año 2024, cuando expirará la concesión.

Según ha informado la propia empresa, el TJUE ha emitido este jueves la sentencia en respuesta a la petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña el 12 de diciembre de 2018, referida al procedimiento abierto entre la Compañía de Tranvías y el Ayuntamiento de A Coruña.

El conflicto se generó en diciembre de 2016, cuando el anterior gobierno municipal de Marea Atlántica decidió suspender la concesión del transporte público urbano a la Compañía de Tranvías, amparándose en su interpretación del artículo 8.3 del reglamento 1370/2007, aprobado por el Parlamento Europeo para entrar en vigor en 2009.

El equipo municipal de aquel momento defendió que los 30 años comenzaban a contar en el momento en que se formalizó el convenio, en diciembre de 1986, por lo que el plazo del contrato terminaría en 2016, es decir, ocho años antes de lo estipulado originalmente, en 2024. La empresa discrepaba de esta interpretación e invocaba que se ponía en peligro la «seguridad jurídica» de los contratos en el ámbito europeo.

El fallo del tribunal europeo es que «el plazo máximo de 30 años previsto en esa disposición debe empezar a correr en la fecha de entrada en vigor de ese reglamento». Ahora, deberá pronunciarse el tribunal contencioso de A Coruña que dirimía el conflicto, pero la empresa entiende que, toda vez que hizo la consulta, la decisión definitiva irá en el mismo sentido.

¿INCREMENTO DE TARIFAS?

Tras la decisión del tribunal europeo, el director de Compañía de Tranvías, Ignacio Prada, ha ofrecido una rueda de prensa ‘online’ en la que ha defendido que la firma acudió a los juzgados al no dejarle «otra opción» el anterior gobierno municipal, quien «no aceptó» consultar si era la administración local o la compañía quien hacía una interpretación adecuada de la normativa.

«Siempre defendimos que había que considerar que había una duda», ha esgrimido, antes de advertir de impacto que tuvo en las cuentas de la compañía no solo esta decisión sino también la decisión de «imponer unilateralmente una bajada de las tarifas» e incluso la «gratuidad» en algunos casos –decisión que también está judicializada–.

En este punto, aunque ha sido preguntado reiteradamente acerca de si Tranvías incrementará las tarifas, ha defendido que no le corresponde a él adoptar esa decisión, aunque la empresa entiende «que se debe restablecer el equilibrio y las condiciones del contrato». En todo caso, ha apuntado a que tocará negociar con el Ayuntamiento y ha defendido que la compañía siempre ha estado «abierta al diálogo».

En 2024, ha apuntado que el contrato expirará y tendrá que hacerse una nueva licitación.

CORONAVIRUS

Durante su intervención, también ha defendido que la compañía ha tomado medidas para preservar la seguridad de sus trabajadores en el marco de la crisis sanitaria por el coronavirus, con gel hidroalcohólico y toallas higienizantes, además de hacer una limpieza diaria desinfectante de los vehículos.

Sobre la propuesta de autoridades gubernamentales de que se entre por la puerta de atrás, ha advertido que no está «enterado» de este planteamiento. «Entiendo que mientras se mantenga la distancia de seguridad, la higiene y el espacio en la zona del autobús es suficiente, el acceso por la puerta de atrás implica un descontrol del aforo y de los usuarios que entran», ha remarcado.