El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado el procedimiento de reforma del reglamento del Sector Ferroviario para evitar, legalmente y cumpliendo con la Ley de Movilidad Sostenible, las mayores indemnizaciones por retraso en Renfe.

En concreto, dicha alza de las compensaciones es resultado de una medida que el PP impulsó en una enmienda en el Senado y que tendría que entrar en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2026.

En este contexto, el departamento liderado por Óscar Puente ha explicado en un comunicado este miércoles que la recientemente aprobada Ley de Movilidad Sostenible incluye una disposición adicional introducida durante el trámite parlamentario que recoge una nueva política de indemnizaciones a viajeros por el incumplimiento de las normas de calidad del servicio en el transporte ferroviario.

Sin embargo, esta novedosa política aplica únicamente a Renfe pero no afecta a sus competidoras.

MANDATO ANALIZADO POR LA ABOGACÍA DEL ESTADO

Así, la Abogacía del Estado ha analizado dicho mandato, concluyendo que la compañía pública no tiene obligación de aplicar la norma a partir del 1 de enero y que, por el contrario, se requiere de un despliegue normativo complementario. Para una eventual implementación de ese modelo, por tanto, explican desde la cartera de Transportes, se requeriría de la aprobación de un nuevo desarrollo de la norma o de la modificación del actual Reglamento del Sector Ferroviario.

De este modo, el ramo va a iniciar el procedimiento de modificación del Reglamento del Sector Ferroviario, conforme al citado informe y en cumplimiento del mandato que establece la Ley de Movilidad Sostenible. Con todo, en tanto se realiza ese trámite administrativo, el sistema de indemnizaciones de Renfe continuará en las mismas condiciones que hasta ahora.

Este procedimiento de reforma se enmarca en las declaraciones de Puente en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, el pasado día 23, cuando expresó que el asunto estaba en estudio jurídico, al considerar que no es legal obligar solo a uno de los tres operadores a devolver el dinero de los billetes si sus trenes se retrasan.

«Esto solo se exige a Renfe, pero hay otras dos empresas operando, y se podría dar la paradoja de que se pare un tren de Ouigo, afectando a cinco trenes de Renfe detrás y que sea Renfe la única que tenga que indemnizar a sus viajeros», argumentó el ministro.