El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha reclamado «unidad de acción» de todas las administraciones para combatir el narcotráfico especialmente en la comarca de Ferrolterra, además de Eume y Ortegal, insistiendo en que la lucha contra esta lacra social no puede ser un problema «exclusivamente policial».
Blanco ha realizado estas declaraciones tras una reunión de trabajo celebrada en la tarde de este jueves en Ferrol, con alcaldes y portavoces del PSOE de estas tres comarcas para abordar las nuevas medidas contra el narcotráfico y el menudeo de droga. El delegado respondió a las peticiones de más medios policiales de los regidores, asegurando que se está «recuperando todos esos efectivos perdidos» durante épocas de «austericidios», destacando que desde 2018 se ha incrementado el número de agentes en Galicia en casi un 18%.
En este sentido, Blanco quiso trasladar un mensaje de «tranquilidad», señalando que «Galicia es la tercera comunidad más segura de España» y que el índice de criminalidad de Ferrol está incluso «muy por debajo de Santiago en este primer trimestre».
No obstante, reconoció la necesidad de un mayor esfuerzo. «Es verdad que hay que incrementarlo», dijo en referencia al número de agentes en Ferrol. Además, anunció que ya está solicitada la constitución de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) para Ferrol-Narón, que sumaría 33 agentes especializados.
PROBLEMA «SOCIAL Y JUDICIAL»
Tanto el delegado del Gobierno en Galicia como el portavoz socialista en Ferrol, Ángel Mato, y el concejal de Narón, Jorge Ulla, coincidieron en que el narcotráfico requiere una respuesta integral.
«El problema de la droga no es un problema exclusivamente policial», ya que a su entender «también es un problema judicial, pero también es un problema social», afirmó Blanco. Los ediles socialistas exigieron más medios a la Xunta de Galicia para la prevención, la sanidad y los servicios sociales, con el fin de atender a los drogodependientes, a quienes consideran «una víctima más».
Por su parte, Ángel Mato recordó los estragos de la droga en los años 80 y 90, instando a no permitir que las comarcas «sean reconocidas a nivel nacional como primer mercado, digamos, del noroeste español, en el tráfico, en el menudeo de droga».
Ha reclamado, además de más presencia policial, mayor presión en la persecución del blanqueo de capitales. Finalmente, el concejal Jorge Ulla insistió en la necesidad de que todas las administraciones se «impliquen» y hagan «pedagogía social», alertando de que la droga es una tentación que está «a las puertas de nuestros colegios e institutos».