La reparación de las víctimas de terapias de conversión «es muy compleja y no es total». Son palabras del lucense Saúl Castro, presidente de No Es Terapia, asociación que trabaja en España de forma altruísta en la lucha contra estas prácticas y el acompañamiento de sus víctimas: «Hablamos de personas a las que les comieron la cabeza para que pensaran que una parte suya era incorrecta y tenía que ser reprimida».

Los métodos empleados en la actualidad varían entre sus perpetradores. En los últimos años, los que más comúnmente ha identificado esta organización son el empleo de medicamentos para inhibir la líbido, terapias de control masturbatorio y terapias de aversión, sobre todo centradas en golpes. «Por ejemplo, darse golpes con una goma en el brazo», matiza el también abogado especializado en derechos humanos.

«Hay gente que se recupera, que tiene relaciones preciosas o que puede vivir con felicidad su sexualidad, pero la impronta traumática que deja la violencia sufrida hace muy difícil que se pueda dejar atrás. Te hacen dudar de la legitimidad, de la bondad y de la realidad de tus sentimientos», explica sobre el daño realizado a las personas del colectivo LGTBIQ+ que las han sufrido.

Aunque en España están prohibidas desde 2023, las infracciones posibles son únicamente administrativas y, hasta el momento, no se ha impuesto ninguna. Esta semana, el Congreso de los Diputados ha admitido a trámite una proposición de ley del PSOE que pide castigar estas prácticas con hasta dos años de cárcel.

Esta es una antigua reivindicación de la asociación que dirige Castro y que ya había llegado a la Cámara baja en febrero con un texto registrado por grupos parlamentarios de izquierdas, tras ser consensuado con No Es Terapia. Su presidente cree que la propuesta socialista es «deficiente», ya que considera bajo el tiempo máximo de pena y critica que presicnda de medidas de apoyo a las víctimas.

DAR CON LAS TERAPIAS DE CONVERSIÓN

Localizar estas prácticas es «complejo», en palabras del abogado. No Es Terapia cuenta con un equipo de voluntarios dedicado a mirar en redes, páginas web y foros en los que se puede hablar de encuentros o de eventos en los que se promocionan o realizan dichas prácticas. Con todo, son conscientes de que no llegan «a todos los lados».

«En muchos de los espacios en los que se hacen terapias de conversión, nosotros conocemos que se hacen, pero no tenemos acceso a ellos», explica Castro. En algunos casos, para acceder «necesitas que te conozcan y sepan quién eres», ya que funcionan a través de una especie de «criba».

Un ejemplo de esta dificultad lo encontró en Galicia. A él llegaron informaciones de que en el seminario de Lugo se facilitaban materiales o se hacían reuniones que podían tratarse de terapias de conversión. Sin embargo, nunca pudo verificarlas. «Nadie me volvió a contactar con esto y yo también voy un poco a rebufo de la información que me llega», relata.

DENUNCIA A SIETE DIÓCESIS

«Si eres LGTB, no te lo pierdas. Estos testimonios de personas que han reparado su atracción hacia el mismo sexo, te pueden ser interesantes». Este mensaje figuraba en un panfleto repartido en Madrid y que llegó a las manos de Saúl Castro, lo que permitió al Ministerio de Igualdad, a inicios de 2025, abrir un expediente a siete diócesis y archidiócesis en España por la promoción de terapias de conversión.

Desde su entrada en vigor en 2023, la ‘ley trans’ abrió la posibilidad de imponer infracciones administrativas muy graves a estas prácticas, así como a su promoción. «No hace falta que tú sufras todo lo que viene a ser una terapia de conversión en tus carnes para poder interponer una denuncia o para que se investigue», aclara.

En estos eventos, celebrados en parroquias españolas, se invitaba a una o varias personas para que contaran su testimonio acerca de la conversión respecto a su orientación o identidad sexual. El mismo Castro fue testigo en primera persona de algunos de ellos. Además, localizó documentales y entrevistas realizados por el proyecto –de nombre Transformados–, en la que fundamentó la denuncia entregada en diciembre de 2024.

«A no ser que [el practicante] lo reconozca o suba vídeos haciendo terapias de conversión, lo máximo que puedes ver es en medios, publicidad o redes sociales es difusión y promoción», insiste. El material recopilado fue suficiente para que el Ministerio abriese un expediente sancionador. Sin embargo, la asociación aún no conoce una resolución de incoacción del mismo.

La fe y las instituciones religiosas acostumbran a jugar un papel central en estás prácticas, especialmente en el caso de las terapias dirigidas a «reparar o anular» la orientación sexual. Principalmente, la religión católica, «por el poso histórico» en España; aunque la asociación también ha recogido casos de personas de fe islámica y evangélica.

«Es cierto que las terapias dirigidas a personas trans, especialmente a mujeres, no son religiosas o no exclusivamente», apunta. El presidente de No Es Terapia constata que los grupos antiderechos y transexcluyentes «están muy presentes» en este sentido.

NUEVA LEY

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado martes la tramitación de una ley para penalizar las terapias de conversión, presentada por el PSOE, que contempla penas de seis meses a dos años. La criminalización de estas prácticas siempre ha sido un objetivo de No Es Terapia, que participó en la redacción de otra proposición de ley, registrada en febrero por Sumar, Podemos, ERC, Comuns, Compromís, Más Madrid e Izquierda Unida.

El abogado considera necesario esta criminalización por la baja efectividad de la normativa actual. Antes de la aprobación de la ‘ley trans’, hasta ocho comunidades autonómas ya permitían aplicar sanciones administrativas; la primera en legislarlo fue Madrid en 2016. «A nueve años vista, no se impuso ninguna sación en España», subraya Castro, que cree que las multas posibles no son «disuasorias».

Uno de los motivos que achaca a la nula aplicación de la ley son las limitaciones de las consejerías de Igualdad, encargadas de imponer las sanciones a este respecto; a no ser que la denuncia afecte a diferentes lugares en España, caso en el que se encarga el Ministerio.

«[Las consejerías] son órganos puramente políticos y que no tienen obligación de abrir un expediente sancionador con la denuncia», señala. Estas «no tienen medios materiales» para recabar toda la información, al tratarse de violencias del ámbito privado. Además, en tanto que las sanciones son administrativas, las personas sometidas a esta violencia no son consideradas víctimas y no tienen derecho a reparación o protección.

Para Castro, la propuesta socialista es «deficiente». Según expone, esta exige acreditar una lesión de integridad física o psicológica de las víctimas. «Necesita una víctima concreta que quiera denunciar», indica.

El abogado considera que el tiempo de pena es reducido y no es «eficaz». «Somos antipunitivistas, pero con una pena máxima de dos de prisión no se va a llegar a nada. Con este tiempo no hay un cumplimiento efectivo de la pena porque se puede acordar la supensión», explica.

Esta pena «limita las posibilidades investigativas». La jurisprudencia de los tribunales entiende que en delitos menos graves –como sería este– no cabe acordar medidas de investigación limitativas, como la entrada y registro o la intervención de las comunicaciones.

Asimismo, exige medidas de apoyo a las víctimas, como alternativa habitacional, ayudas económicas y prevención en los ámbitos educativo y sanitario. «Si no estableces estas medidas, no estás atajando el problema de fondo. No queremos en la cárcel de por sí a estas personas. Nosotros queremos que las víctimas estén protegidas», expone.