Veterinarios y veterinarias se han movilizado este miércoles ante la Delegación del Gobierno, con sede en A Coruña, y ante las subdelegaciones en otras provincias, para expresar su rechazo a la nueva normativa que regula la prescripción y el uso de medicamentos para animales.

Ha sido en el marco de una jornada con protestas a nivel nacional para demandar que se respete su criterio clínico en la administración de fármacos y exigir al Gobierno una reunión «urgente» para abordar soluciones que sean, argumentan, «reales y efectivas».

Se ha tratado de una nueva movilización en el marco de las que están llevando a cabo contra la nueva regulación sanitaria, en concreto por la aplicación del Real Decreto 666/23, que entró en vigor en enero de este año y que, entre otras cuestiones, modifica el proceso a seguir en cuanto a la prescripción de antibióticos, además de otros requisitos en relación a la comunicación de los datos de prescripciones veterinarias de antimicrobianos.

En declaraciones a Europa Press, Olalla de Hoyos, una de las integrantes del grupo de trabajo creado en el Colegio de Veterinarios de A Coruña, ha explicado que se trata de una regulación que afecta tanto a grandes animales como pequeños y que se enmarca en una medida a nivel europeo para frenar la resistencia a los antibióticos.

Sin embargo, ha señalado que en España se les exigirán nuevos requisitos en relación a la administración de los mismos, frente al criterio de otros países comunitarios, y sin que, sostiene, «se respete» su criterio clínico.

Así, ha apuntado que antes decidían «si era necesario o no hacer un cultivo» previo a la administración de un antibiótico y que ahora serán «obligatorios» para poder administrar el fármaco que ellos determinen.

«Si llega un perro con una herida profunda, tendrá que esperar entre siete y diez días para darle el antibiótico», ha asegurado en relación al plazo de espera del cultivo cuando, según ha argumentado, lo que defienden es que se les dejen aplicar sus conocimientos para valorar la necesidad o no del mismo.

Además, ha recalcado que cuando ellos lo administran dan las dosis necesarias y ha asegurado que ahora el cliente deberá adquirir más de las que necesite el animal. «Se van a retrasar los tratamientos y afectará al bolsillo del propietario», ha insistido para aludir también a la repercusión que tienen las multas previstas para un colectivo, «en su mayoría autónomo».