El Consello Galego de Colexios Médicos ha decidido «por unanimidad» recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que avaló la implantación en la sanidad gallega del sistema XIDE (Xestión Integral da Demanda en Equipo), que permite fijar citas en centros de salud en función de cómo describan la dolencia los propios pacientes.
Así lo ha acordado la directiva del Consello de Colexios Médicos en una reunión celebrada el martes, después de que los magistrados no pusiesen reparo a esta herramienta que ejecutan los administrativos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para «dar apoyo eficaz a la gestión asistencial, dirigida no a ese personal –que no es sanitario–, sino a los pacientes, que son sus destinatarios finales».
Frente a esta consideración, el presidente de los médicos gallegos, que a su vez lo es del colegio provincial de Lugo, Eduardo Iglesias, insiste en que el XIDE «no cumple las condiciones éticas y deontológicas» de la profesión, por tratarse «de un cribajo», al tiempo que «vulnera la confidencialidad de los pacientes».
Por ello, el Consello, pese a que «acata» el dictamen del TSXG, «como no puede ser de otra forma en un Estado de derecho», advierte que no lo comparte y, por ello, recurrirá ante el Supremo para «continuar defendiendo los intereses de los pacientes gallegos y de la profesión médica».
De hecho, los colegios se ven sorprendidos por que un tribunal «derriba la concepción hipocrática de la relación médico-paciente, algo mundialmente aceptado, para legitimar que un profesional no sanitario pueda realizar un acto médico», explica Iglesias.
En este sentido, el presidente ve «disparidad de criterios» en el TSXG, ya que en procesos judiciales anteriores –como el que anuló la instrucción del Sergas que permitía a farmacéuticos renovar recetas sin pasar por el facultativo– sí reconoció «las funciones que tiene cada profesional» de acuerdo con la ley de ordenación de las profesiones sanitarias.
Por último, el Consello Galego de Colexios Médicos recomienda a la población que siempre que necesite acudir a un centro de salud solicite la atención por parte de un facultativo y que «nunca dé información a personal no sanitario».
