Nuevo rifirrafe entre el comité de huelga de los bomberos comarcales y la Diputación de Lugo. Los representantes de los trabajadores denuncian «coacciones» por parte del organismo provincial, que este viernes ha denunciado, por segundo día consecutivo, el incumplimiento de los servicios mínimos del parque de Vilalba.

En concreto, la institución que preside el socialista José Tomé ha emitido un comunicado, igual que lo hizo el jueves, en el que relata que solo dos trabajadores se han incorporado en el turno de este viernes en el parque de la capital chairega.

Además, «no se ha presentado» el otro empleado designado como suplente para cubrir los servicios mínimos. Aunque se le avisó de nuevo, así como a otros dos suplentes, ninguno de ellos se reincorporaron «transcurrida más de una hora». Junto a esto, la mitad de la plantilla de Vilalba está de baja.

La Diputación de Lugo acusa a los bomberos de mantener «un comportamiento totalmente irresponsable» por no cumplir con «su obligación de presentarse en su puesto de trabajo». Así, los dos trabajadores fueron desplazados hasta el parque de Barreiros.

Este nuevo comunicado del gobierno provincial sucede a otro emitido el jueves en el que advertía al colectivo de bomberos, que está en huelga indefinida desde el pasado mes de junio, que acudiría a la vía judicial «de producirse alguna consecuencia» por lo que considera una «estrategia orquestada».

EL COMITÉ VE «AMENAZAS» Y «COACCIONES»

En este contexto, el comité de huelga de los bomberos comarcales ha enviado otro comunicado en el que acusa a la Diputación de «intentar condicionar el legítimo derecho de huelga» con estas «amenazas» y desvía la responsabilidad.

«Son los consorcios provinciales, no nosotros, los que no prestan sus servicios, pues la responsabilidad de garantizar los servicios mínimos es suya, a través de una plantilla que pueda trabajar en condiciones dignas, no de precariedad ni a costa de verse obligados a hacer horas extra», afirma el comité.

Además, los representantes sindicales advierten que hay tanto personal de baja «precisamente por las presiones por parte de la administración para hacer extras obligatorias, distribuciones con menos de cinco días y extensiones horarias excesivas, que impide la conciliación con la vida familiar».

Para el comité, si hay «algún tipo de acusación judicial» debería ser contra los consorcios, porque no están prestando «con normalidad un servicio imprescindible de la ciudadanía». Finalmente, advierte a la Diputación de que su actitud «no es la más adecuada» para poner fin al conflicto que se extiende casi medio año.