La Real Sociedad Canina en España ha pedido a las autoridades sanitarias que implante un criterio único y común para la vacunación contra la rabia en toda España, que carece de un acuerdo entre las administraciones para frenar posibles brotes.

Así, la entidad ha explicado que el control de esta enfermedad está sujeto a varias legislaciones, salvo en Galicia, que es la única comunidad autónoma donde no hay un imperativo legal.

Sin embargo, señala que en el País Vasco o Asturias se acaba de implantar la obligatoriedad de vacunación mientras que en Cataluña, al tener las competencias en esta materia, la vacunación mandatoria todavía se encuentra en trámites legislativos.

Además, expone que tampoco existen unos plazos homologables en el conjunto de España, sino que cada comunidad tiene sus propios requisitos. De este modo, en Madrid, Murcia, Extremadura, Aragón, Castilla y León y los archipiélagos Balear y Canario solo se pide la primovacunación de una dosis entre los tres y cuatro años de vida del can, que se refuerza con una inyección al año.

Mientras tanto, en Castilla-La Mancha y Andalucía, la primera inyección contra la rabia contempla dos dosis con 21 días de diferencia, además del refuerzo anual obligatorio, al igual que en Ceuta y Melilla, que según la RSCE son los lugares con mayor riesgo de rabia para los perros por su cercanía a Marruecos. Por otro lado, en La Rioja y Navarra se cumple la misma directriz, pero con una vacuna de refuerzo cada dos años y no uno.

Ante esta variedad de criterios, la RSCE considera que a nivel nacional debería de haber obligatoriamente una primera vacunación temprana, reforzada por una vacunación cada uno o dos años, dependiendo de las necesidades de cada perro. Además, esta sería la opción más económica y viable desde un punto de vista médico, ha precisado la RSCE.

Por otro lado, la asociación también propone una ley estatal que contemple subvenciones o ayudas indirectas al coste de vacunación, debido a que el precio actual oscila entre 30 y 70 euros por vacuna antirrábica, que puede alcanzar los 100 euros si es una polivalente.

De este modo, el precio es otro de los factores que varía por comunidad autónoma, ya que cada región suele seguir las recomendaciones del Colegio de Veterinarios correspondiente.

«La armonización es una cuestión sanitaria, por encima de otras consideraciones políticas y administrativas, por lo que resulta clave reforzar la coordinación normativa en todo el país», ha señalado el presidente de la RSCE, José Miguel Doval.