La Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela compartirán el uso de la Casa da Xuventude ubicada en la Praza do Matadoiro de la capital gallega, un espacio que incluirá dependencias ambas instituciones, un auditorio que podrán usar los vecinos y un coworking especializado en proyectos de metaverso.

El presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, el alcalde de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo, y la edil de Urbanismo, Mercedes Rosón, han dado a conocer este viernes el proyecto que prevén para este edificio, que en los últimos días protagonizó el debate en la política local.

En la comparecencia, el regidor ha explicado que el acuerdo alcanzado entre ambas instituciones, que será ratificado el lunes por la junta de gobierno local, contempla que la Diputación sufrague el 74% del coste de la reforma, que asciende a un total de 1,3 millones de euros, así como los posibles sobrecostes. Por su parte, el Ayuntamiento compostelano cede a la institución provincial las instalaciones por un tiempo de 25 años.

El Consistorio espera poder sacar a un concurso de ideas el proyecto lo antes posible. En concreto, prevé que en la planta baja se habiliten dependencias para uso de la Diputación, como una oficina de recaudación, así como un auditorio con 250 butacas que podrán utilizar los vecinos del Casco histórico y del barrio de San Pedro. En la primera planta se instalará el coworking especializado en proyectos vinculados con el metaverso y, en la segunda, oficinas de uso del Consistorio compostelano.

El regidor ha señalado que el objetivo es recuperar este edificio «singular» que cuenta con más de 1.700 metros y que lleva cerrado desde la pandemia porque no reúne las condiciones adecuadas para poder hacerlo. Según ha indicado, las actuaciones requieren un esfuerzo presupuestario «muy grande» que el Consistorio no podía asumir, por lo que decidió «buscar socios».

«Esto nos permite hacer una propuesta muy ambiciosa, que permite convertirlo en un espacio digno y acondicionado, que ofrecerá una imagen totalmente distinta a la de hoy», ha dicho Bugallo, que ha sostenido que también servirá de elemento de dinamización y prestación de servicios tanto al Casco histórico como al barrio de San Pedro.

Según ha explicado Rosón, el gobierno municipal quiere también lograr una apertura al parque de Belvís. Para ello, ha indicado que el Consistorio cuenta con la colaboración de la propiedad del inmueble colindante por si fuese necesario mover el muro de su finca. Además, también se valorará la posibilidad de abrir un acceso desde el interior del propio edificio.

Por último, Rosón ha incidido en el valor patrimonial de este edificio al señalar que asciende a «1,6 millones de euros». «No estamos en condiciones de pensar en derribar algo que tiene un valor importante», ha apuntado.

En la rueda de prensa tanto Formoso como Bugallo han indicado que ambas instituciones llevan trabajando tiempo en este proyecto, cuyas obras esperan que se puedan iniciar a principios de 2024.

REACCIÓN DE LA OPOSICIÓN

Tras la comparecencia de Formoso, Bugallo y Rosón, el candidato del PP a la Alcaldía, Borja Verea, ha considerado que «lo bonito de la democracia» es que «quedan 60 días» para que todos los vecinos decidan si lo que quieren es «derribar» este edificio y «conseguir un gran acceso al parque de Belvís a través de un espacio comunitario, verde y social» como él defiende; o si se «conserva el edificio y se gasta 1 o 2 millones de euros para mantener la casa».

Por su parte, la candidata a la Alcaldía del BNG, Goretti Sanmartín, se ha mostrado «en contra» del destino que pretende el PSOE para este edificio anunciado con «total oscurantismo sin contar con los vecinos, con el asociacionismo compostelano ni con los demás grupos políticos». «Bugallo hace propuestas electoralistas de costas al conjunto de la población», ha advertido.

Para la aspirante nacionalista, anunciar la cesión de la Casa da Xuventude por un periodo de 25 años sin que antes se hablase de ello en la junta de portavoces o se llevase a debate al pleno «significa una forma de actual unilateral, opaca y autoritaria».

«Una operación de estas características tendría que ser, cuando menos, dialogada sino consensuada con la mayoría de la corporación», ha asegurado la nacionalista, que incide en la importancia de preservar la función de la Casa da Xuventude para desarrollar actividades de colectivos sociales en un espacio «céntrico en caso de que se opte por mantener las instalaciones».