La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que la agilidad en la tramitación del desarrollo de energías renovables no está reñida con la protección ambiental debida y que «a la menor duda», los expertos devuelven el expediente administrativo al procedimiento ordinario.

Ribera ha respondido así a la pregunta del diputado del BNG Néstor Rego que quería saber si a la vicepresidenta le parece compatible con el objetivo de preservación ambiental y de apoyo al sector primario que las empresas puedan decidir dónde instalar parques o macroparques eólicos sin control, sin necesidad de Declaración de Impacto Ambiental y sin participación ciudadana, como establece el Real Decreto-ley 20/2022.

La ministra de Transición Ecológica ha manifestado que el desarrollo de las renovables tiene que basarse en «pequeñas instalaciones y en el autoconsumo», que ha crecido más de un 2.000 por ciento en los últimos cuatro años, pero también con las plantas eólicas y fotovoltaicas «con todas las garantías ambientales».

Así, ha asegurado que no se ha levantado la protección ambiental porque no se tramita «ningún procedimiento» si existe antes una garantía o permiso previo de acceso para evacuar esa electricidad, lo que frena toda esa avalancha de proyectos.

Además, ha garantizado que no podrá desarrollarse este procedimiento agilizado si afecta a algún espacio marino, si son líneas de más de 15 kilómetros o líneas aéreas, si afecta a alguna superficie que cuente con alguna figura de protección ambiental o sin que presenten un estudio ambiental con todas las garantías.

«Los expertos en la administración son los que deberán de velar por que esto sea así y a la menor duda vuelve al procedimiento ordinario porque más agilidad no puede estar reñida con la protección ambiental», ha defendido la vicepresidenta que augura que el despliegue renovable permitirá reducir los problemas de contaminación del aire, del suelo y el «futuro industrial de Galicia», en relación a Alcoa y As Pontes.

Por su parte, el diputado nacionalista gallego ha criticado el plan de «neoliberalismo puro y duro» del «autodenominado gobierno progresista» porque, a su juicio, está poniendo la regulación del sector eléctrico en manos del «lujo y el oligopolio», en vez de en manos del control público dado que la energía es un bien «esencial y estratégico».

En su intervención en el pleno, ha anunciado que el BNG ha presentado una proposición de ley para recuperar las garantías ambientales y la participación ciudadana en los proyectos eólicos, que es «lo mínimo que se debe hacer».

En ese sentido, ha criticado que el Ejecutivo haya optado por la autorización de la liberalización al dejar a las empresas que sean las que elijan donde instalarse y eliminan la necesidad de la declaración de impacto ambiental y la posibilidad de alegaciones.

«MÁS IMPACTO»

«Las consecuencias son más impacto, más afectación al patrimonio histórico, ocupación de tierras agrícolas y ganaderas, destrucción del medio de vida de millones de personas, devaluación de propiedades y todo ello a cambio de nada en reversión para los territorios afectados», ha advertido.

Rego ha denunciado que en Galicia, que sufre un «verdadero bum depredador» ya existen casos de proyectos no autorizados por la Xunta que fueron modificados para aumentar la potencia y así poder acogerse al plan de despliegue renovable del Ministerio, que ha calificado de «verdadera barra libre para las empresas».