La junta de personal del Ayuntamiento de Pontevedra ha denunciado la «persecución» del gobierno local por contratar a un detective privado para investigar a un bombero que se encontraba en situación de incapacidad laboral por motivos psicológicos con una baja de larga duración.

Ese trabajador estaba de baja desde el 9 de junio de 2021 y en octubre de ese año dio un concierto de música Death Metal con su grupo en el vecino Ayuntamiento de Poio, una actividad que fue anunciada en las redes sociales.

La contratación del detective, que avanzó este miércoles ABC, se justificó, por parte del director general de recursos humanos, José Manuel González, como una asistencia externa para investigar una «posible infracción de naturaleza disciplinaria de carácter grave».

Sin embargo, el portavoz de la Junta de Personal, Héctor Santaló, ha enmarcado este caso en el conflicto laboral que se vive en el Ayuntamiento de Pontevedra y en el «mal ambiente» que existe entre los representantes de los trabajadores y el gobierno local.

«ASUSTAR O AMEDRENTAR»

«La finalidad de este procedimiento, desde nuestro punto de vista, era asustar o amedrentar a los trabajadores por no comulgar con las imposiciones que vienen de este Gobierno municipal», ha dicho este portavoz de los empleados municipales en rueda de prensa.

Por su parte, la concejala responsable del área de Personal, Carmen Fouces, ha justificado que en el Ayuntamiento de Pontevedra «cuando tenemos sospechas fundadas y evidentes de que alguna cosa funciona mal o hay algún problema lo que hacemos es actuar» y en este caso lo hicieron a través de la contratación de un detective, que costó 363 euros para una investigación de seis horas.

«Nosotros tenemos que actuar porque tenemos un mandato de la ciudadanía que es dar cuenta del dinero público», ha añadido la edil nacionalista.

Fouces ha indicado que es la primera vez que el Ayuntamiento acude a una contratación de este tipo desde que ella es la responsable del área de Personal, pero entiende que «es una práctica que las administraciones públicas utilizan cuando lo necesitan» asegurando que es «la fórmula habitual de proceder cuando suceden esas cosas». La concejala rechaza que este caso tenga algo que ver con el conflicto laboral.

VARIAS INVESTIGACIONES

En este caso se acudió a una asistencia externa al ser una actividad que se desarrollaba fuera del municipio de Pontevedra porque, tal y como señalaron los representantes sindicales, en los últimos años se han llevado a cabo varias investigaciones laborales a funcionarios del Ayuntamiento por parte de la Policía Local.

Una vez que se realizó el informe por parte del detective privado la administración local inició un expediente sancionador a ese bombero, que acudió a los representantes de los trabajadores que intervinieron «preocupados por la situación de persecución que esto suponía», ha dicho Héctor Santaló. Después de un año de baja, este funcionario se reincorporó a su puesto durante seis meses y, a día de hoy, vuelve a estar de baja.

El grupo municipal del Partido Popular de Pontevedra ha expresado su «sorpresa» por este caso y ha solicitado el expediente de la contratación de ese detective privado y reclama «que se justifique o se motive» esta forma de proceder, de la que no cuestiona su legalidad.