La administradora de dos empresas –una de publicidad y otra formación–, acusada en el caso de supuesto fraude de subvenciones en la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) a finales de los 90, ha negado tener vinculación con la emisión de facturas ‘dobladas’, aquellas que se repetían falsificadas con un cambio de concepto pero con misma fecha y cantidad económica.

El juicio oral de la Audiencia Provincial de A Coruña se ha retomado este jueves en Santiago con la comparecencia de algunos de los acusados pendientes por tomar la palabra, después de que el principal acusado, el exsecretario de la CEG Rafael Sánchez Sostre, se acogiese a su derecho de no declarar en la primera jornada.

En el interrogatorio de este jueves, una de las acusada ha explicado que solo se dedicaba a tareas relacionadas con la empresa de publicidad, pues con la sociedad de formación no tenía «vinculación real» y no hacía «ninguna función», a pesar de que figuraba como administradora de ambas entidades, con sede en el mismo local en A Coruña.

Así, ha admitido que la patronal gallega era un cliente «muy importante» y que conocía a Sánchez Sostre, pero indica que su papel era «muy mecánico» al realizar un papel de agencia de publicidad, por el cual la CEG contrataba los servicios de la compañía para poner anuncios en medios gallegos, por ejemplo.

El fiscal ha expuesto que la compañía de formación llegó a facturar 58 millones de pesetas en ventas en 1999, por lo que le ha preguntado cómo es posible que no tuviese conocimiento de su gestión al figurar como administradora. «Le parecerá mentira», ha respondido la acusada, pero ha defendido desconocer lo que sucedía con esa sociedad, «tampoco me he preocupado nunca de la gestión de esa empresa».

La defensa le ha enseñado diferentes facturas que eran idénticas en fechas y dinero, pero con conceptos cambiados. Así, la acusada ha dicho reconocer las originales, pero se ha mostrado «sorprendida» por los conceptos aparecidos en las supuestamente falsificadas, de lo que se ha desvinculado de ellas al no haberlas hecho «jamás».

De esta forma, la hipótesis que ha formulado es que quizá esas facturas hubiesen tenido una «manipulación» por parte del cliente, no desde la empresa emisora.

ERAN CURSOS «EXCEPCIONALES»

Posteriormente, ha sido interrogado un formador acusado en la causa, quien ha explicado que se encargaba de redactar manuales, dar cursos «puntualmente», así como de participar en el «cribado» de selección para nuevos empleados en una empresa.

Ha reducido su participación a la de un trabajador que no tomaba decisiones relacionadas con la causa, si bien explica que recibía un 10% de incentivo de una de las sociedades en las que estuvo.

Además, este formador ha puesto en valor la calidad de los cursos que se ofrecían, pues asevera que eran «excepcionales», en los que «se traía lo mejor que había» como ponentes.

«COPIA» DE FACTURAS

Tras la toma de la palabra de los acusados, ha sido el turno de diferentes testigos. Entre ellos, el encargado de hacer los recibos de una empresa ha explicado cómo la CEG le había pedido que le mandase «copia» de alguna factura que ya había enviado.

Relata que la patronal justificaba esta petición en que había presentado los originales a la Xunta, pero no se había quedado con copia. El hecho es que ha dicho que la CEG le pedía una «copia» en la que debía añadir en el concepto una línea en la que figurase también «material didáctico», algo no incluido en la original.

TODAVÍA PENDIENTES DE LA DECLARACIÓN DE UN ACUSADO

A expensas de saber cuándo podrá declarar uno de los nueve acusados al que falta por tomar declaración, ya que todavía no ha comparecido en el juicio por causas médicas y su comparecencia se ha aplazado en varias ocasiones, la intención es que el juicio pueda quedar visto para sentencia a finales de la semana que viene.

De hecho, las reiteradas ausencias de este acusado ha provocado que el juez haya planteado posibles soluciones técnicas para que la declaración se realice por videoconferencia si es necesario.

Fiscalía pide para Sánchez Sostre cuatro años de cárcel y una multa de dos millones de euros. Los otros ocho acusados se enfrentan a peticiones de dos años de prisión –y multas que oscilan entre los 50.000 y los 500.000 euros–. Entre ellos hay socios, gestores y representantes de empresas organizadoras de cursos de formación por supuestamente apropiarse de fondos públicos destinados a tal efecto entre los años 1996 y 1999.