El Gobierno gallego ha defendido este jueves en Bruselas la defensa de la posición común de las regiones marítimas europeas sobre la orientación de la futura Política Pesquera Común (PPC).

Así lo ha trasladado durante el debate estratégico, titulado ‘Trazar la reforma de la PPC para garantizar el futuro de la pesca y las comunidades costeras de Europa’, organizado por la Xunta de Galicia en cooperación con el Comité Europeo de las Regiones (CdR) y la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), que ha reunido a eurodiputados, representantes de alto nivel de la Comisión Europea (DG MARE), líderes políticos regionales y colectivos profesionales del sector pesquero y acuícola europeo.

En la sesión, conforme ha destacado la Xunta en un comunicado, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, presidenta del Grupo de Trabajo de Pesca de la CRPM, ha destacado que «la Unión Europea afrenta una etapa decisiva con la evaluación del reglamento vigente, la futura Visión 2040 y la próxima programación financiera», marcos que definirán el modelo de pesca para las próximas décadas.

Así, ha advertido que los objetivos ambientales son irrenunciables, pero no habrá una sostenibilidad ecológica duradera si las actividades pesqueras dejan de ser viables económica y socialmente. Por eso, ha instado a reequilibrar estos piares para garantizar la supervivencia de las comunidades litorales, recordando que Europa no puede aspirar a reforzar su autonomía estratégica mientras incremente su dependencia de las importaciones.

El manifiesto de Galicia y la CRPM propone reequilibrar los impactos de la PPC para que Bruselas evalúe las consecuencias socioeconómicas en el litoral antes de tomar decisiones. De este modo, demanda sustituir el enfoque punitivo del deber de desembarque por un modelo pragmático basado en la prevención, la selectividad de las artes y la innovación científica.

El documento sitúa la descarbonización de la flota como eje central, exigiendo eliminar de urgencia los límites de capacidad de arqueo que, según ha indicado la Xunta, a día de hoy frenan la renovación de buques por otros más limpios, eficientes y seguros para las tripulaciones.

Esta medida, conforme ha apuntado, se acompaña de una simplificación normativa que reduzca la asfixia burocrática del sector sin comprometer, en ningún caso, la trazabilidad del producto. Finalmente, el texto reclama reforzar la dimensión exterior para garantizar una verdadera igualdad de condiciones (level playing field).

La conselleira ha defendido que las importaciones de terceros países cumplan estrictamente con los mismos estándares ambientales, sanitarios y sociales que se le exigen a los productores europeos, evitando así asimetrías comerciales desleales.

ALIANZA INSTITUCIONAL Y CLAMOR DEL SECTOR

Por su parte, el director xeral de Relaciones Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo, ha recordado el papel indispensable que juegan las administraciones regionales en la gobernanza europea al señalar que su cercanía con las comunidades costeras y su competencia en desarrollo territorial les otorgan una posición privilegiada para diseñar y aplicar enfoques integrados que huyan de visiones unilaterales.

En sus conclusiones, que han recogido las demandas comunes manifestadas por las flotas de España, Francia, Italia y Portugal, Marta Villaverde ha concluido con un mensaje directo hacia las instituciones comunitarias: «Las decisiones sobre el futuro del mar europeo no se pueden construir a la margen de quien vive de él», ha dicho.

Tras ello, ha insistido en que las regiones están listas para asumir su responsabilidad, porque tienen claro que «sin flotas viables no hay seguridad alimentaria, sin industria de transformación competitiva se pierde empleo, y sin comunidades costeras vivas, simplemente no hay Europa marítima».

PPC «MÁS EQUILIBRADA, FLEXIBLE Y ORIENTADA A LA COMPETITIVIDAD»

En el acto, además, el eurodiputado del PP Francisco Millán Mon ha defendido una Política Pesquera Común más equilibrada, flexible y orientada a la competitividad.

Millán Mon ha señalado que uno de los principales problemas derivados de la aplicación de la PPC de 2013 es que no ha logrado mantener un equilibrio adecuado entre las tres dimensiones de la sostenibilidad: la ambiental, la económica y la social. Así, ha recordado que, mientras se han registrado avances en la recuperación de numerosas poblaciones pesqueras, la situación económica y social del sector se ha deteriorado en los últimos años.

El eurodiputado gallego ha destacado asimismo la creciente complejidad normativa que afronta el sector pesquero europeo y ha reiterado su petición de un paquete de simplificación específico para la pesca que permita reducir cargas burocráticas y mejorar la competitividad del sector. También se ha referido a la falta de condiciones de competencia equitativas entre la flota europea y las flotas de terceros países.

En relación con la futura reforma de la PPC, Millán Mon ha insistido en la necesidad de construir una política «más equilibrada, más pragmática y mejor adaptada a los desafíos actuales». En particular, ha abogado por recuperar el equilibrio entre las dimensiones ambiental, económica y social de la sostenibilidad, incorporando además la seguridad alimentaria como uno de los objetivos fundamentales de la política pesquera europea, en un contexto internacional muy complejo e incierto.

Asimismo, ha reclamado una mayor flexibilidad en instrumentos como el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) y la obligación de desembarque, especialmente en pesquerías mixtas. También ha destacado el papel fundamental de la pesca artesanal para regiones costeras como Galicia y subrayó la necesidad de reforzar la regionalización y el diálogo efectivo con el sector pesquero.

Por otro lado, entre otras cuestiones, ha insistido en la necesidad de apostar decididamente por la modernización, renovación y descarbonización de la flota europea. Para ello, ha defendido revisar el concepto de capacidad pesquera, de manera que las inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética, la seguridad y las condiciones de habitabilidad de los buques (el llamado «tonelaje social») no se vean penalizadas por las actuales limitaciones regulatorias.